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Asimismo, según alega el Gobierno insular de CC y PSOE en un comunicado, el acto formal de autorización que se ejecutó vía resolución, dando cumplimiento del acuerdo de aquél Consejo de Gobierno, fue firmado y remitido por la propia Astrid Pérez al interesado
Los consejeros nacionalistas y socialistas aclaran ahora, tras la denuncia del PP, que consta en el expediente un segundo informe favorable a la legalidad del proyecto, emitido por parte de los servicios jurídicos de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias, plenamente coincidente con el de la Corporación insular y que fue solicitado precisa y recientemente por el propio Partido Popular, cuando aún formaba parte del Gobierno
De igual forma, consta en el expediente un informe de 22 de marzo de 2012, elaborado y emitido por el jefe de los servicios jurídicos, acreditativo del cumplimiento de las condiciones establecidas en la referida autorización de septiembre de 2010.
En base a todo lo anterior, "convenientemente acreditado en el certificado adjunto de la Secretaria General de la Corporación", es por lo que el Consejo de Gobierno acordó dar por cumplimentado los requisitos establecidos de la autorización otorgada, explica el grupo de gobierno.
Por otra parte, en el comunicado CC y PSC recuerdan que este es un proyecto presentado y, por tanto, conocido por los siete ayuntamientos, cuyas paradas de guaguas han sido autorizadas por todos y cada uno de los municipios.
En otro orden de asuntos, el Cabildo puntualiza que el precio autorizado de 19,5 euros por persona por trayecto en la citada guagua turística no puede ser modificado sin la autorización expresa de la Corporación, según reza en el propio acuerdo, y entiende que puede ser un elemento dinamizador de la actividad económica (pequeñas y medianas empresas, comercios y hostelería y restauración de toda la geografía insular), además de posibilitar una forma más de acceso a los Centros de Arte, Cultura y Turismo, por ser un nuevo servicio turístico que, conviene recordar, no tiene carácter de exclusividad.
Con respecto a las prisas que el PP atribuye al grupo de gobierno, CC y PSOE sostienen que, contrariamente a lo denunciado, del propio informe jurídico se desprende una dilación indebida por parte de los anteriores responsables de transportes. "El expediente en momento alguno ha estado paralizado por causas imputables al solicitante", certifican.
Por último, el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote recuerda al Partido Popular que este proyecto ha contado con la aprobación expresa de todas las formaciones políticas con representación en la Corporación, salvo Alternativa Ciudadana 25 de Mayo que no ha tenido ocasión de pronunciarse, y recuerda también que es obligación de todo cargo público acudir a los tribunales cuando considere o tenga conocimiento de la comisión de alguna ilegalidad por parte de las administraciones públicas.
