El consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavio, ha adelantado en el programa “A Buena Hora” de Crónicas Radio de este lunes que todavía no se ha rescindido totalmente el contrato del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL) realizado por el equipo que coordinaba el urbanista José María Ezquiaga. Con un gasto aproximado de unos 700.000 euros, el documento, como ya se informó en su día, terminó en el fondo de alguna gaveta de la institución por orden del Gobierno de la socialista María Dolores Corujo. Para el nacionalista, no sólo es terriblemente indignante que en el Partido Socialista (PSOE) despilfarraran el dinero público de ese modo, contratando a un equipo redactor para hacer un trabajo de años a sabiendas de que no lo iban a usar para nada, sino que ni siquiera fueran capaces de pagar la deuda correspondiente. Aunque parece ser que no falta mucho dinero por pagar, todavía falta una parte que no se liquidó y pendiente desde el año 2022. Es, para Machín, un ejemplo de cómo trabajaban los socialistas en el Cabildo, cumpliendo con los mandatos externos que tenían para que no saliera ningún tipo de planeamiento y luego no siendo capaces de articular los mecanismos para que los que trabajaban cobraran.
“Estoy terminando la rescisión de Ezquiaga porque ellos tumbaron el Plan, dejaron todo botado, tiraron casi 700.000 euros a la basura y no resolvieron el contrato encima. El hombre y su equipo quieren cobrar como es lógico porque hicieron su trabajo, aunque los dirigentes políticos del momento lo tiraran a la basura. Yo estaba justo con la jefa de Contratación terminando los flecos para ya resolverlo completamente en estos momentos y lo haremos en breve”, explicó el encargado del planeamiento en Lanzarote durante su intervención radiofónica.
En marzo del año 2022 el Pleno del Cabildo acordó la polémica decisión de iniciar las acciones que permitían archivar el documento de revisión del PIOT que venía tramitándose desde 2007 con el propio Partido Socialista (PSOE) con responsabilidades en diferentes etapas vinculadas a esa misión tan concreta y tan polémica.
“Es una decisión dura, valiente y sobre todo imprescindible si queremos contar con un Plan Insular que dé respuesta a las necesidades reales de la Isla”, señaló entonces la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, en su nota, en la que mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado. “Han sido meses de borradores de informes y, sobre todo, de mucha discusión con diferentes especialistas tanto en el ámbito de la ordenación como en el jurídico, tratando de desbloquear una situación complicada. Dejar sin efecto lo ya tramitado no es tan solo una decisión política y requiere del imprescindible armazón jurídico para adoptar una decisión de tanto calado”, destacó sin dejar entrever que, como denuncia Coalición Canaria (CC), el plan real era dejar sin efecto todo lo contratado.
El grupo de gobierno del Cabildo defendió que los cambios legislativos sobrevenidos como consecuencia de la aprobación en 2017 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias dejaban en una situación de extrema inseguridad jurídica las disposiciones contenidas en el documento que finalmente fue archivado, como excusa para hacer lo que hicieron.
Machín Tavio no sólo destacó que tras tirar en ese año 2022 el documento a la basura no se movió ni un sólo papel más sino que gracias a su contacto con Ezquiaga para solicitar más tiempo se logró evitar que todo acabara en los juzgados por impago. “Ellos lo resolvieron en marzo del 2022 y no hicieron nada para pagar el contrato, ni un papel movieron en un año y medio. Cuando llegué hablé con él para que se esperase y no denunciara, como es lógico que debería hacer alguien a quien no le pagan por un trabajo que se ha realizado. No le queda mucho por cobrar, ha sido bastante honesto en ese sentido”, finalizó el consejero, quien garantizó que esta vez no habrá ninguna duda de que el trabajo que se está realizando verá la luz y no terminará en ningún cajón durmiendo el sueño de los justos.
