La Fiscalía suspende la toma de declaración de los representantes del Cabildo sobre el caso Sosa por la complicación de la denuncia de las multas no cobradas en Arrecife
El titular de la Fiscalía de Área de Arrecife, Fernando Rodríguez Navarro, no pudo finalmente tomar declaración este martes como tenía previsto al director insular de Presidencia del Cabildo de Lanzarote, David Monte, para aclarar las numerosas cuestiones que entiende que están en el aire sobre el polémico asunto del fichaje del que era portavoz del Grupo de Coalición Canaria (CC) por parte de la ex presidenta socialista de la Primera Corporación insular María Dolores Corujo, el médico Juan Manuel Sosa. Con dos sentencias que han ratificado por la vía contencioso-administrativa que el galeno cobró unos 300.000 euros de más al llevarse a casa el sueldo íntegro del Servicio Canario de la Salud (SCS) sin acudir a la consulta cuando se transfugó y debería haber cobrado sólo el salario correspondiente a su puesto como consejero de Sanidad, ahora se trata de analizar un sorprendente decreto firmado por Corujo en el que parece que se trataba de blindar su particular situación independientemente de lo que pudiera suceder en los tribunales de justicia o en una teórica reclamación de la Comunidad Autónoma de Canarias, toda vez que ya se sabía desde el comienzo de su relación política que había una advertencia por parte del Grupo Nacionalista de que su sueldo no podía ser el de médico liberado que sí cobró legalmente y de forma breve cuando fue su portavoz.
La complejidad de la mañana, en la que el fiscal tuvo que estar con la jueza Silvia Muñoz desentrañando el farragoso caso de las multas no cobradas en Arrecife, impidió que se pudiera cumplir con lo inicialmente previsto. El Ministerio Público ha citado este miércoles al director insular de Presidencia del Cabildo a las nueve de la mañana, momento en el que puede comenzar una declaración que, tal como avanzó a la puerta del juzgado el día anterior, tiene más que clara. “Yo voy a ratificarme en lo que ya puse en conocimiento de la Fiscalía. Entiendo que el decreto que dictó la anterior presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, pretendía blindar de alguna manera la situación económica de Juan Manuel Sosa. Hemos estado localizando una suerte de documentos que aportaré hoy que vienen a decir que ese decreto está dictado sin razón jurídica ni administrativa”, subrayó Monte.
Como novedad, el conocido abogado dijo que durante este tiempo de análisis de la conflictiva situación del consejero tránsfuga se han tropezado con otros asuntos hasta ahora desconocidos, con documentos que tienen intención de aportar este miércoles si finalmente le toman declaración amén del descubrimiento de algo insólito, que además de cobrar un sueldo de médico que no le correspondía, tal y como ha quedado acreditado ya en dos sentencias judiciales, la última del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el Gobierno de la socialista María Dolores Corujo le estaba pagando por asistir a los plenos, como si no tuviera una dedicación exclusiva que por otro lado habían certificado. “Este señor (Juan Manuel Sosa) cobraba además por la asistencia a pleno cuando sólo podían hacerlo aquellos que no tuvieran la dedicación exclusiva, es decir, los que están por ejemplo en la oposición. Es contradictorio que un decreto venga a decir que alguien tiene dedicación exclusiva desde el 30 de diciembre de 2019 y además se le estuviera pagando por asistir a los plenos. Entiendo, presuntamente, que aquí hay una malversación de caudales públicos o una prevaricación. Es lo que yo voy a insistir en Fiscalía y luego ellos serán los que tendrán que aclararlo”, subrayó contundente antes de que teóricamente le tomaran declaración.