La Fiscalía abre una investigación sobre un decreto que firmó María Dolores Corujo que podría haber sido usado para garantizar que Sosa cobraría el dinero que se llevó de más después de transfugarse

La Fiscalía ha abierto en Arrecife una investigación para estudiar si pudo existir alguna irregularidad o delito en el decreto que firmó la ex presidenta del Cabildo de Lanzarote María Dolores Corujo para tratar en teoría de garantizar que el polémico Juan Manuel Sosa cobrara íntegramente su sueldo de médico al margen de las resoluciones que se pudieran adoptar tanto en la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias como en los tribunales de justicia. Según ha podido saber este diario consultando fuentes de la Primera Corporación insular, el actual director insular de Presidencia, el abogado David Monte, tendrá que ir a declarar a la sede del Ministerio Público el próximo 9 de junio a las 9 de la mañana, en su caso por haber sido el denunciante de la situación que se ha encontrado el actual Gobierno que preside el nacionalista Oswaldo Betancort. Tal y como reseñan las mismas fuentes, el galeno que se transfugó del Grupo de Coalición Canaria (CC), del que era portavoz, para apuntalar el Gobierno de la ahora diputada nacional y secretaria general del Partido Socialista (PSOE) en Lanzarote y evitar así una posible moción de censura de los que eran sus socios en aquel momento, el Partido Popular (PP) de Astrid Pérez, y la propia Corujo tendrán que pasar a declarar posteriormente los días 10 y 11 para aclarar el porqué del documento que se elaboró en la sede del Cabildo.

Fue el 5 de noviembre de 2021 cuando la consejera accidental de Recursos Humanos realiza una propuesta de decreto de confirmación de la delegación especial del Consejero de Sanidad y Planificación Sanitaria basado en la propuesta de resolución de la Intervención del día 8 de octubre sobre la propuesta de abono de las retribuciones a Juan Manuel Sosa Rodríguez y atendiendo a un informe que había hecho el propio departamento de Recursos Humanos el día anterior. Finalmente, la entonces presidenta confirma en todos sus términos el anterior decreto que había elaborado en diciembre de 2019 mediante el que se delegó en el ínclito consejero el nuevo ejercicio de sus competencias reconociendo y asumiendo la situación de servicios especiales y dedicación exclusiva al puesto que había venido desempeñando desde esa fecha al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 27 de abril de 2020. Es decir, que independientemente de lo que sucediera a posteriori, teniendo en cuenta que cuando se firma el decreto ya se había denunciado por parte de CC que el cobro de su sueldo íntegro como médico del Servicio Canario de la Salud (SCS) era ilegal, puesto que lo estaba cobrando por su puesto de portavoz de Grupo y al transfugarse había dejado de serlo y por tanto debía cobrar el mismo sueldo que el resto de consejeros, se amarraba en teoría el salario que se había pactado entre ellos cuando se produjo el acuerdo político que blindó a la entonces presidenta de la institución insular.

El párrafo más llamativo sin duda del decreto es el que determina la posible intencionalidad que tendría el acto y que es lo que se va a investigar: “En el caso de que el Gobierno de Canarias modificara el contenido de la resolución de la Dirección General de Función Pública de 20 de abril de 2020 se procederá por esta corporación, en el supuesto de que fuera necesario, a tramitar el procedimiento que resultare pertinente para adaptar el Decreto de esta Presidencia de 30 de diciembre de 2019 a la nueva resolución del citado centro directivo autonómico”. Un auténtico galimatías que ahora la Fiscalía quiere aclarar, teniendo en cuenta que, tal y como preveían, se produjo un cambio de criterio en Función Pública y fueron dos tribunales, el último el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), los que determinaron que el médico había cobrado unos 300.000 euros en el periodo que estuvo en el Gobierno de Corujo que no le correspondían y que por tanto, más las costas del proceso, debe devolver.   

Fue, tal y como adelantó este diario el pasado 7 de abril de 2026, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC la que desestimó el recurso de apelación interpuesto por Juan Manuel Sosa contra la sentencia dictada por la Plaza Número Uno del Tribunal de Las Palmas por la que le obligaba a devolver esos 300.000 euros de dinero cobrado ilegalmente cuando decidió transfugarse. En una sentencia firmada el 30 de marzo, con la magistrada Inmaculada Rodríguez Falcón como ponente y con el apoyo de los magistrados Jaime Borrás Moya y Francisco José Gómez de Lorenzo Cáceres, la Sala condena también al ex político palmero a las costas del procedimiento.

Fuentes del Cabildo confirman a Crónicas que el dinero no se ha devuelto hasta el momento al entender que el galeno ha vuelto a recurrir en un último y desesperado intento de que algún tribunal le dé la razón, provocando una evidente dilación en la ejecución de una sentencia que inicialmente parecía firme.