La Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado ha remitido un escrito al secretario general del Partido Liberal, Eduardo Álvarez, comunicándole que ha dado traslado al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de la súplica presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de Canarias para que se practicaran las diligencias que procedan para esclarecer los hechos y responsabilidades civiles y penales derivadas de la venta de la finca conocida como Volcán de Tahíche a los efectos legales que puedan resultar oportunos.
Como se recordará, Álvarez adjuntó además la denuncia presentada a la Fiscalía el 27 de septiembre de 1999, la ratificación de la denuncia ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife y la certificación del Registro de la Propiedad del histórico de la parcela 33.204.
De esta forma el secretario general del Partido Liberal pretende reabrir el caso archivado por el Tribunal Supremo relacionado con la denuncia suya contra el alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, por unos presuntos delitos de prevaricación, apropiación indebida y tráfico de influencias, referidos con las actuaciones de Hernández en una operación de compra de una parcela situada en Tahíche.
La denuncia fue admitida a trámite y ratificada con posterioridad el 18 de mayo de 2001, pero Juan Pedro Hernández se acogió a su condición de aforado para no declarar, ya que en ese momento también era senador, por lo que el procedimiento fue elevado al Tribunal Supremo, a cuya Sala Segunda fue remitido por el Juzgado Número 4 de Arrecife.
Álvarez recuerda a la Fiscalía que el Supremo decidió archivar el procedimiento en el año 2003 sin juzgar el asunto. Pero además subraya que el Supremo no tuvo en cuenta la contundencia de las pruebas presentadas, “entre las que se encuentran las propias declaraciones del imputado reconociendo la comisión de los hechos que se le imputaban en la denuncia”.
Eduardo Álvarez, según la certificación del Registro de la Propiedad de Arrecife sobre el histórico de la parcela 33.204 objeto de la denuncia, dice que se verifica que los hechos denunciados son ciertos y por lo tanto son constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa.
“Además el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teguise levantó la condición resolutoria que gravaba la venta de la parcela sin que las obras por las cuales se había condicionado esa transacción mediante la condición resolutoria hubieran sido realizadas en la fecha en la que se produjo dicha compraventa”, apunta en uno de los párrafos del documento entregado a la Fiscalía.
