La Fiscalía Provincial de Las Palmas presentó un escrito el pasado 5 de diciembre en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife que dirige el juez Jerónimo Alonso en el que mostraba su total acuerdo con la petición formulada por los abogados de los investigados en la causa que se ha abierto principalmente contra el ex presidente del Cabildo Pedro San Ginés y el abogado Ignacio Calatayud.
Según la información a la que ha tenido acceso este diario, en ese escrito el Ministerio Público determinaba que una vez que ha tenido constancia de la finalización del trabajo realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no se opone a la devolución del material incautado en los registros. Se da por hecho, además, que tampoco se opone a otras medidas cautelares adoptadas como el bloqueo de sus cuentas corrientes.
La situación, que según los investigados les está causando una absoluta indefensión y está vulnerando algunos de sus derechos fundamentales como ciudadanos todavía no condenados y sometidos al principio básico de la presunción de inocencia, está a punto de cumplir un año. Los registros en los domicilios de los investigados se produjeron el 28 de marzo de 2022, es decir, hace ahora mismo casi un año. San Ginés, que es el que ha estado haciendo constantes declaraciones en los medios locales en estos meses, no así el abogado Ignacio Calatayud que ha preferido hasta ahora guardar silencio, ha llegado a decir en una reciente entrevista en el programa “A buena hora” de Crónicas Radio que pedirá en su momento responsabilidades patrimoniales al juez, al entender que le ha limitado el acceso a una vida normal y ha provocado, por ejemplo, que el banco le haya notificado un aviso de desahucio al no hacer frente al pago de su hipoteca, entre otras cosas. De hecho, además de recuperar cuestiones básicas como el móvil o la tablet, el bloqueo del acceso a su cuenta corriente es el peor asunto que lleva el ex presidente del Cabildo, al afirmar que su única fuente de ingresos se produce a través de ese conducto legal y que durante este casi año completo ha tenido que estar viviendo de la ayuda de amigos y familiares.
Un año después del inicio de la instrucción las partes afectadas, según han confirmado a este diario, quieren que se termine esta fase y se esclarezca lo que se ha descubierto o no en todo este tiempo, primero para que se sepa exactamente si fue o no desproporcionada la operación que se montó contra ellos y segundo, que es lo que tiene que ver con el escrito de la Fiscalía, para que puedan recuperar su vida normal.
