- "El CIE debería ubicarse como complemento a uno de los hospitales de Lanzarote, se aprovecharían camas y personal (...) El Ayuntamiento de Arrecife sólo puso pegas con la nueva comisaría, tanto para la cesión del solar como para la concesión de la licencia de obra”
Fernando Rodríguez López es actualmente adscrito de la Demarcación General de Costas en Arrecife.
Fotos: Jose Curbelo
Reaparece Fernando Rodríguez López, quien fuera secretario de la Dirección General del Estado en Lanzarote, cargo del que fue cesado el pasado 31 de marzo de 2006 por orden de la Subsecretaría del Ministerio de Administraciones Públicas que coordina Jordi Sevilla, tras siete años al frente del cargo. Desde septiembre del año pasado, sólo dos meses después de abandonar Lanzarote, ocupa una plaza como adscrito en la Demarcación de Costas de Canarias en Arrecife, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, donde ha permanecido hasta ahora en el más absoluto de los sigilos desde que la propia administración le restituyera con un puesto similar en el mismo municipio.
Fernando Rodríguez, funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General del Estado, viene desempeñando su trabajo en la Dirección Insular de Lanzarote desde el desde 10 de junio de 1999 e incluso ostentó el cargo de director insular accidentalmente tras la salida del representante popular Francisco Cabrera. Ha sido también secretario con Loly Luzardo, Juan Prats y, hasta el pasado 31 de marzo de 2006, con el socialista Marcial Martín.
El enfrentamiento con Marcial Martín
Cuestionado acerca de aquello de lo que no dejó de hablarse en una semana en la Isla, acerca de las razones por las que verdaderamente mantuvo ese enfrentamiento con Marcial Martín, el hasta hace unos días director insular en Lanzarote, Fernando Rodríguez explica con detalle que una “irregularidad se aplica a la acción de alguien que ha manejado sin escrúpulos un dinero perteneciente a un organismo público o a una empresa. Y yo no he cometido una irregularidad. Para una persona de 66 años es muy duro oír esto de su jefe”.
Al ex secretario de la Dirección Insular se le acusó de un delito de prevaricación por parte de agentes del Cuerpo Nacional de Policía. “Un policía me acusó de quitar multas en materia de seguridad privada, algo incierto y que databa de casos de dos años antes -frente a lo que dicta la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, puesto que lo único que yo podía hacer, como instructor que era de estos expedientes, era alertar a Madrid de aquellos que a simple vista parecían represivos y exagerados. En ningún momento tuve conciencia de adoptar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia”.
La denuncia de los expedientes
En concreto, relata el funcionario leonés, hubo un caso en Puerto Calero muy llamativo. Al parecer, la Policía acusó a un operario que estaba encargado de que los barcos no chocaran entre sí de incumplir la normativa de seguridad privada. “Este señor iba con ropa normal porque era empleado de una de las 46 empresas concesionarias de Puerto Calero, y los policías consideraron que era un vigilante de seguridad, denunciándole sin más con una sanción de 3.000 euros”, subraya.
No quedaba demostrado en ningún momento que el empleado trabajara para Puerto Calero S.A., pero el Grupo Operativo de Seguridad Privada (GOSP) “decidió multar también a la empresa con 30.000 euros, cuando en un procedimiento sancionador no son válidas las presunciones”. Fernando Rodríguez reconoce que él, “como instructor, no podía proseguir con estos dos expedientes basados simplemente en suposiciones sin incurrir en un acto grave de persecución. Por eso, se decidió suspender el expediente, que en cualquier caso fue archivado como sobreseído desde Madrid”.
En otro caso, a principios de 2004, los dos policías del GOSP llegaron a inspeccionar el aeropuerto de Guacimeta. Allí denunciaron a otro empleado que se encargaba de que no se aparcara en la zona de tránsito del aeródromo, al considerarle jefe de seguridad del aeropuerto. “Se le proponen otros 3.000 euros de multa y a Aena, su empleador, otros 30.000 euros. En este caso, la Dirección General de la Policía me dio la razón el 7 de septiembre de 2004, al considerar que el señor en cuestión no era jefe de seguridad sino un simple coordinador”.
Son varias las personas que acreditan que el GOSP enviaba denuncias a docenas a la Dirección Insular, una media de 42 por día, y era imposible seguir ese ritmo por la falta de personal, algo que también se pidió reiteradamente desde Lanzarote a Madrid. “Fue al sugerirle a los policías que nos mandaran sólo la documentación necesaria con cada denuncia cuando me denunciaron”, dijo.
Logros y medallas en la Dirección Insular
El ex secretario de la Administración General del Estado en Lanzarote habló también del aumento de funcionarios del Estado en la Isla y la contribución realizada desde la Dirección Insular. “Lo cierto es que esas decisiones ya estaban planificadas por la Secretaría del Estado para la Seguridad, que se encargaba de destinar a guardias civiles y policías nacionales a distintas delegaciones de España. Desde la Dirección Insular tampoco interveníamos pues era algo ya planificado por Madrid.
Actualidad
A Fernando Rodríguez le siguen preocupando los temas que tocan directamente las necesidades del pueblo conejero. Por eso, en temas actuales como la polémica instalación del Centro de Internamiento de Extranjeros, recuerda que “el centro que teníamos en Guacimeta funcionaba perfectamente, incluso en épocas en que llegaban a Lanzarote más de 200 pateras al año”.
A su juicio, “un CIE no es necesario ahora que vienen unas 15 pateras al año, teniendo en Fuerteventura otro CIE y costando el proyecto más de 1.500 millones de pesetas”. En cualquier caso, de hacerlo, “no se decantaría por Güime”, primera opción que se barajó desde los departamentos ministeriales. “Creo que el CIE debería adosarse a uno de los hospitales de la Isla para aprovechar sus plazas, que tendrían una validez polivalente y permanente, con lo que se rentabilizarían también los sueldos del personal destinado a ese CIE -médicos, enfermeros, conductores- haya o no inmigrantes”, apostilló.
Respecto al Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), Rodríguez recuerda que fue solicitado desde los años noventa y se implantó en Lanzarote recientemente “gracias sobre todo a la intervención del delegado del Gobierno en Canarias, José Segura”.
Lo mismo pasa con la ampliación de Tahíche, “que partía de un plan elaborado cuando Acebes era ministro del Interior. Hay que distinguir lo que Madrid ya nos da hecho de lo que desde aquí se ha conseguido por méritos propios”.
Como ejemplos de la fructífera labor desempeñada desde la Administración insular en los últimos años, el ex secretario expone los casos del “Catastro de Lanzarote, que impulsó Cándido Reguera como diputado y Francisco Cabrera como director insular desde 1999, de la Inspección de Trabajo, lograda desde 1997, y de la Comisaría, que en ningún caso es mérito del Ayuntamiento de Arrecife como ahora tratan de hacernos ver, pues lo cierto es que sólo puso pegas tanto para la cesión del solar como para la concesión de la licencia de obra”. Según Fernando Rodríguez, “el proyecto salió al final gracias a que se habló con Puertos del Estado”.
En cuanto al PIF (Puesto de Inspección Fronteriza), el leonés concluye que “todos sabemos que la concesión depende de Bruselas”.
