La Fundación advierte de la similitud entre el caso del aparcamiento subterráneo Islas Canarias y la aprobación inicial del PGOU de Arrecife: en ambos casos, las autoridades han actuado al margen de las advertencias jurídicas de colectivos sociales.
Con el Auto del Tribunal Supremo en la mano, la Fundación César Manrique ha hecho público un comunicado en el que advierte de la similitud existente entre el caso del aparcamiento subterráneo del parque Islas Canarias y la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife. Según la Fundación, en ambos procesos las autoridades públicas, en este caso el Ayuntamiento de la capital, han tomado decisiones al margen de las discrepancias e incluso “de advertencias jurídicas por parte de los colectivos sociales”. Concretamente, se refieren al Dictamen Jurídico encargado por parte de la FCM en ambos casos.
El primero, en 2002, alertó de las posibles irregularidades del proyecto del parking subterráneo. Irregularidades que más tarde se han puesto de manifiesto tanto en la sentencia dictada el pasado año por el TSJC, como en el Auto del Tribunal Supremo que ratifica esta sentencia y que confirma que dicho proyecto vulnera la normativa municipal al cambiar el uso del suelo sin la preceptiva modificación del PGOU, así como la normativa de Puertos, ya que la obra no estaba incluida en el dominio de Autoridad Portuaria y no cumplía los requisitos de dichas zonas.
El segundo informe jurídico se hizo público en septiembre de 2007 y se refería a la aprobación inicial del PGOU y a la aprobación de la Adaptación Básica del mismo, que según la Fundación, “arroja sombras de inseguridad jurídica hacia el futuro”.
La Fundación considera que se deberían depurar responsabilidades sobre los grupos de Gobierno que toman decisiones como éstas, ya que son “actitudes comprometedoras que ponen en riesgo el patrimonio público y perjudican al interés general, generando riesgos perniciosos para las arcas públicas”.
Además, considera “finalizada” su intervención en el proceso del parking Islas Canarias y asigna la responsabilidad a partir de ahora a los “servicios jurídicos” del Ayuntamiento de Arrecife para “restaurar la legalidad”. Según apuntó la pasada semana el concejal de Urbanismo de Arrecife, Antonio Hernández, los abogados municipales están trabajando para solicitar la no ejecución de esta sentencia. El alcalde de la capital, Enrique Pérez Parrilla, apoyaba este lunes esta opción, alegando que “los perjuicios que traería consigo su ejecución serían tremendos para el Ayuntamiento”.
