El consejero delegado de los Centros Turísticos, Carlos Espino, este jueves, durante el debate del Estado de la Isla.
FOTOS: DORY HERNÁNDEZ
No se ha hecho esperar y ha sido, como es habitual en él, bastante radical. La reacción del consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT's) del Cabildo insular de Lanzarote, Carlos Espino, a la denuncia interpuesta por catorce empresarios solicitando el cierre preventivo de los Centros por carecer de cuestiones tan básicas como la licencia de apertura, se ha producido este mismo jueves. Espino ha calificado de “repugnante e inaceptable” lo que considera “un intento de chantaje” de los empresarios. Para el portavoz socialista, la denuncia indica “un comportamiento más mafioso que empresarial”.
Cuestionado sobre el posible intento de los catorce denunciantes, la mayoría de ellos procedentes del sector turístico, de dar de beber precisamente al Cabildo de su propia medicina, Espino ha dejado claro que “aquellos que tienen suspensiones cautelares en el Plan Parcial Playa Blanca no van a torcer la voluntad de este Cabildo de mantener la legalidad, con estas prácticas totalmente condenables”.
A juicio del responsable de los Centros Turísticos, “utilizar de manera torticera los mecanismos legales, además de ser una torpeza condenada al fracaso, demuestra la baja catadura moral de estos personajes, acostumbrados a utilizar la ley en su propio beneficio”.
Los Centros de Arte, Cultura y Turismo atraviesan sin duda el peor momento de su ya dilatada historia. A los enormes problemas económicos que arrastran tras la llegada a la dirección de su Consejo de Administración del socialista Carlos Espino, a las múltiples quejas de la oposición del Cabildo y de los propios trabajadores, ahora hay que sumar la reclamación que han realizado catorce empresarios, que quieren que se proceda al cierre inmediato de los establecimientos que se crearon en su día bajo la tutela de César Manrique porque carecen de numerosas cuestiones básicas que a otro tipo de establecimientos se les exige como requisito indispensable para abrir al público.
Los empresarios han dirigido sus escritos de denuncia tanto al Cabildo, como a los ayuntamientos de Haría, Teguise y Yaiza.
En concreto, tal y como adelantó en primicia este miércoles este diario, según fuentes municipales los catorce empresarios, la mayoría de ellos afectados por los recursos interpuestos por el Cabildo contra sus licencias, presentaron el pasado martes un escrito en el Ayuntamiento de Haría - que también se ha llevado luego al Ayuntamiento de Teguise, al de Yaiza y al Cabildo- exigiendo que se tomen medidas cautelares contra todos los centros abiertos al público en estos momentos. Por cierto, que el Ayuntamiento de Tinajo no ha recibido estas notificaciones al menos hasta este jueves, puesto que, a pesar de beneficiarse del canon municipal por las Montañas del Fuego, se considera que dicho Centro Turístico está ubicado en suelo que es propiedad del Ayuntamiento de Yaiza.
La denuncia de los empresarios
En sus denuncias, los empresarios alegan que los Centros carecen de cuestiones fundamentales como la licencia de apertura, las medidas de accesibilidad para personas con movilidad reducida, las medidas de emergencia o la depuración de aguas, entre otra enorme lista que ha cogido por sorpresa a más de uno, empezando por el alcalde de la localidad en la que se ubican más centros, el de los Jameos del Agua, la Cueva de los Verdes y el Mirador del Río, José Torres Stinga.
La denuncia deja claro que “de este hecho se tuvo conocimiento a través de un escrito que suscribe Carlos Espino, consejero delegado de los Centros Turísticos, en el que se encarga la emisión de un informe de compatibilidad del Plan Insular de Ordenación Territorial para el Centro Turístico Montaña del Fuego, con la finalidad de continuar con los trámites del proceso de obtención de licencia de apertura de los centros turísticos”.
Los empresarios esgrimen varios hechos en su denuncia, como la caída de una visitante en el Jardín de Cactus ocurrida en el mes de diciembre. A esta persona, que sufrió daños corporales importantes, hubo que indemnizarla y ante tal situación, los denunciantes cuestionan si el Ayuntamiento en el que está ubicado el Jardín de Cactus posee algo tan básico como el seguro de responsabilidad civil.
Los denunciantes recuerdan que carecer de la preceptiva licencia de apertura puede ocasionar que se inicie un expediente sancionador por parte de la Administración competente. Por eso, con la intención de que el Cabildo predique dando ejemplo de legalidad más que persiguiendo un hipotético cerrar los Centros, los empresarios piden el “restablecimiento inmediato de la legalidad conculcada y el cierre de los establecimientos hasta que ésta sea restablecida”.
Un mes de plazo
Según el alcalde de Haría, que se ha mostrado muy preocupado ante el que considera el problema más grave y la situación más delicada en sus nueve años de mandato, los empresarios le han dado al Consistorio el plazo de un mes para que proceda al cierre cautelar de los establecimientos. En caso contrario, aseguran que tomarán de inmediato medidas judiciales, con el pertinente perjuicio por responsabilidad penal que ello conllevaría para el Ayuntamiento. Los denunciantes responsabilizan al Consistorio de estas carencias por ser propietario de un suelo rústico en el que se desarrollan este tipo de actividades.
El alcalde de Haría, José Torres Stinga, asegura que vive su peor momento como primer edil en sus nueve años de mandato.
Torres Stinga, que asegura que la hipotética clausura de dichos centros sería “un auténtico drama para el Ayuntamiento y los trabajadores”, explica que el Consistorio estaba centrado en su particular batalla por intentar cobrar el dinero que le corresponde del canon municipal y que se le adeuda en estos momentos. Y es que el consejero delegado de los Centros Turísticos, Carlos Espino, no cumple con este Consistorio desde el mes de julio, adeudando ya una cantidad que Torres Stinga cifra en más de 600.000 euros, cantidad que hay que sumar a lo que se debe también a Tinajo y a Yaiza.
En este sentido, el alcalde adelanta que ya se ha puesto en contacto con el Cabildo de Lanzarote y con el Comité de Empresa de los Centros Turísticos para plantear la cuestión, puesto que la exigencia de los empresarios es muy clara: que se tomen medidas cautelares de forma inmediata a la espera de que se resuelvan las numerosas deficiencias que han detectado en los Centros, medidas cautelares que lógicamente pasan por el cierre provisional. Ante el peligro para la integridad del Ayuntamiento y la responsabilidad penal del propio alcalde, el asunto está en manos de juristas desde que se presentó el escrito el martes y se está a la espera de recibir varios informes jurídicos y técnicos que han sido encargados.
Supuestas represalias de los empresarios turísticos: ‘el cazador cazado'
En este caso podría hablarse de la fábula del cazador cazado, pues cabe recordar que la denuncia presentada por los empresarios turísticos coincide con la reciente interposición de unas 300 denuncias contra sendas licencias de obras para camas turísticas y residenciales concedidas entre 1998 y 2008 y contra las que el Cabildo no actuó, a pesar de comprobar que podían darse las mismas presuntas irregularidades que en los 27 casos que sí recurrió la Primera Corporación insular y en los dos expedientes de Puerto Calero de cuyos pleitos se retiró el Cabildo. Estas 300 denuncias fueron presentadas también por empresarios turísticos afectados por los recursos del Cabildo.
Todo apunta a que la intención de los empresarios turísticos es poner de manifiesto lo insólito que resulta que a ellos se les exija cumplir con el más mínimo detalle marcado por la ley y a un organismo público como el Cabildo no, sobre todo cuando es el Cabildo el que se ha embarcado en una batalla legal contra no pocos empresarios turísticos de la Isla precisamente por cuestiones que ellos entienden que se podrían haber resuelto a través del diálogo, un diálogo que hasta la fecha no se ha producido.
Estas últimas denuncias coinciden con la aparición de unas declaraciones de Carlos Espino en el diario provincial Canarias 7, en las que asegura que “algunos empresarios han estado jugando a la ruleta rusa en Lanzarote”.
Tal y como sostiene el propio alcalde de Haría, la denuncia es “la contraofensiva empresarial a la polémica de los hoteles”. Por eso, José Torres entiende que los empresarios podían haber interpuesto la denuncia en contra del Cabildo, pero dejando al margen a ayuntamientos como el de Haría.
