- Espino anuncia que el Cabildo emitirá el informe preceptivo para la aprobación definitiva del PGOU de Haría en septiembre
- El consejero asegura que la Consejería de Política Territorial está pendiente de que los
ayuntamientos de la Isla se consorcien a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), lo que evitará cruces de competencias y más pleitos entre administraciones públicas con distinto ámbito de actuación
Para Espino, cierto tipo de cuestiones técnicas no tendrán más remedio que adaptarse a la herramienta insular prIncipal que rige el ordenamiento territorial pues, en caso contrario, “el convenio no pasará por el filtro del Cabildo”.
El consejero volvió a desmentir que firmara dicho convenio o que participara activamente en las negociaciones entre la compañía Algol y el Ayuntamiento que preside Juan Pedro Hernández, tal y como se ha venido sosteniendo desde la oposición en el Cabildo, y tal y como incluso ciertos miembros del equipo de gobierno local han reiterado.
“Lo que nos preocupa no es sólo la adaptación del convenio a la revisión del Plan del año 2000 sino, sobre todo, el ajuste del Plan Territorial de Costa Teguise al Plan General de Teguise y a la la adaptación con el PIOL”, afirmó.
PTE
Espino explicó que la exoneración de la nueva Ley de Impacto Ambiental que la Primera Corporación solicitará a la Cotmac (Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias) sobre el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (PTEOT) es totalmente correcta puesto que el Plan “realmente no necesita dicha evaluación”.
Según Espino, se trata de un “caso de libro” contemplado en esta nueva normativa que entró en vigor el pasado 22 de julio. “No se va a a orillar la ley, como dicen algunos. Esto es como hacer la declaración de la renta, algunos la tienen que hacer por fuerza cada año porque ganan más de cierta cantidad, y a otros no les toca hacerla porque no rebasan ciertos límites”.
Según el consejero, si un plan territorial, como es éste, no tiene una afección importante o actúa sobre una zona reducida, “no hay necesidad de someterlo a la nueva normativa ambiental”.
Basándose en un informe de los técnicos de la Oficina del PIOL y en los supuestos contemplados en la Ley 9/ 2006 de Evaluación Ambiental de Planes, el Cabildo tratará de aprovechar varios resquicios para zafarse de ese examen medioambiental, que retrasaría en más de un año la tramitación del documento y la anhelada desclasificación de entre 25.000 y 38.000 camas turísticas.
Según aseguró la propia presidenta, Inés Rojas, hay ciertos planes cuya tramitación se inició antes de la puesta en marcha de la Ley europea y éste sería el caso del PTE pues el Cabildo inició su procedimiento de aprobación el pasado 29 de abril de 2005, y algunos documentos cuyo propósito se base en la contención del territorio, podrían ser susceptibles de burlar esta ley.
En el propio informe técnico elaborado por la Oficina del PIOL se establece que, de acuerdo al artículo 24.2 del Reglamento de la nueva Ley de Impacto Medioambiental, quedarán exonerados los planes territoriales que estén afectados por alguno de los siguientes supuestos: a) establezcan el uso de zonas de reducida superficie territorial; b) tengan por objeto modificaciones o revisiones parciales de carácter menor; c) desarrollen determinaciones de planes jerárquicamente prevalentes sometidos a tal procedimiento de evaluación.
Espino aseguró que la aprobación inicial del PTE “no se va a retrasar”. “Al margen de la solicitud de exoneración, creemos que para el mes de septiembre estará ya preparado el Plan para su aprobación inicial”, dijo.
Plan General de Haría
En cuanto a la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Haría, cuya aprobación definitiva en la Cotmac quedó a expensas de varias correcciones y pendiente del informe preceptivo que el Cabildo debía haber emitido, Espino anunció que “existe un grado de compromiso por mi parte para poner todos los medios para que a lo largo del mes de septiembre este asunto esté solventado”.
Competencias
Cuestionado sobre la capacidad del Cabildo para frenar en seco un plan de ordenación territorial perteneciente a uno de los municipios de la Isla, el responsable de Política Territorial explicó que cuando se aprueba un plan general estamos hablando de adoptar normas, de construir leyes. En ese sentido, confirmó que aunque los informes del Cabildo sean siempre preceptivos en esta materia, “serán vinculantes siempre y cuando afecten a la legalidad del PIOL” -Plan Insular de Ordenación de Lanzarote-. Según Espino, un plan municipal de estas características “no podrá seguir tramitándose mientras no se corrija”.
Como precisó el consejero socialista, “igual que cualquier particular, el Cabildo puede recurrir la aprobación de un documento territorial si contiene elementos que contradicen o vulneran factores contemplados en planes superiores”.
Asimismo, Espino subrayó que mientras no se corrija este tipo de aspectos de un Plan municipal que no respeta las normas superiores, o mientras ese instrumento de ordenación superior no se sea modificado, el documento de categoría menor nunca podrá entrar en vigor.
Vulneración del ordenamiento superior
El titular de Política Territorial de la Máxima Corporación insular explicó que, aunque no se trate de una competencia directa, el Cabildo sí tiene la obligación de denunciar la vulneración de ciertos derechos.
Espino anunció que su Consejería está pendiente de que los ayuntamientos de Lanzarote se consorcien con la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN).
En este sentido, el secretario de Organización del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) en Lanzarote hizo un llamamiento al resto de administraciones públicas involucradas en la defensa de los valores del paisaje y el territorio lanzaroteños. “O nos ponemos las pilas o en poco tiempo nos encontraremos con un paisaje altamente degradado, y entonces sólo podremos ponernos las manos en la cabeza”, dijo.
Licencias
Espino confirmó también que el proyecto ejecutado por uno de los hoteles de la cadena Riu en Lanzarote “no se corresponde con lo solicitado a Turismo en su día”, por lo que el Cabildo le concede a su promotor un período de alegaciones de 20 días “como paso previo a la denegación de la licencia de apertura y funcionamiento turístico”, apostilló.
