- Un escrito jurídico del secretario del Cabildo establece que José Manuel Páez no incurrió en usurpación de funciones cuando repartió tarjetas de visitas con el cargo de director de Desarrollo del EPEL de los Centros Turísticos. Becerra (PNL) denuncia que el secretario elabora “informes a medida” y Espino (PSC) acusa a Becerra de “conceder licencias”. El grupo de gobierno vuelve a rechazar la paralización del Plan de Viabilidad de Inalsa
El que fuera, entre otros cargos, director general de Aguas, Augusto Membielle, recibió este miércoles el Cangrejo de Oro del Cabildo de manos de su presidenta, Manuela Armas. / Fotos: Jesús Porteros, Cabildo de Lanzarote.
El Pleno del Cabildo insular de Lanzarote acordó este miércoles por unanimidad, en sesión ordinaria, dirigirse al Gobierno regional para que modifique el reglamento de la actual Ley de Comercio de Canarias, que impide la implantación de nuevas superficies comerciales en la Isla y, con ello, el fomento de la competencia empresarial y el abaratamiento de los precios de la cesta de la compra en Lanzarote.
El acuerdo se produjo tras la participación en pleno del portavoz, Ricardo Tavío, y varios representantes de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote (ACULANZA), quienes leyeron un manifiesto criticando el oligopolio comercial de Lanzarote, y en el que recordaron que el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo canario, José Manuel Soria, se había mostrado muy predispuesto a que dicha modificación se llevara a cabo a través de las vías de urgencia y excepcionalidad.
Para la modificación de la Ley de Comercio de Canarias, desde Aculanza, que ha registrado en el Cabildo 15.004 firmas apoyando esta reivindicación, se pidieron tres cuestiones muy concretas: que se vea siempre reflejada la población de hecho en Lanzarote, puesto que “son más de 350.000 familias las consumidoras en esta Isla”; que se reduzca el margen de concentración comercial al 20% efectivo (en la actualidad dicho margen está entre el 25 y el 30% en la Isla, según zonas); y que se modifique el margen de superficie por habitante de hecho, cambiando la actual tasa de 0,002 metros cuadrados por la de 0,04 metros cuadrados.
En principio la modificación iba a solicitarse al Gobierno canario mediante iniciativa legislativa, pero finalmente se tramitará a través de la modificación del reglamento de la actual Ley en vigor.
La iniciativa contó con varios matices introducidos desde oposición y equipo de gobierno. Así, desde PNL-NC se añadió que debían tenerse en cuenta parámetros territoriales así como la modificación de planes insulares de ordenación y planes generales municipales que, a través de los debidos equipamientos, no impidan el asentamiento de las nuevas superficies, y desde el PIL se agregó la petición de un filtro que controle las ayudas europeas para el transporte interinsular de ciertos productos perecederos.
Sorpresa con el REF, 13 millones menos
Por otra parte, la Primera Corporación insular anunció a través de su consejero de Economía y Hacienda, Juan Félix Eugenio, que ha recibido un 23% menos de las partidas del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, es decir, 13 millones de euros menos, a pesar de que se esperaba un 12% más en los rendimientos anuales del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), del Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM) y del rendimiento anual del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transportes, todos ellos destinados a la financiación de las corporaciones locales canarias.
Juan Félix Eugenio, que dio cuenta al Pleno del recurso interpuesto por su homólogo en el Gobierno canario y de un escrito del propio José Manuel Soria, se reunirá este jueves con representantes de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno canario para llegar a un posible entendimiento.
Mociones, comparecencias, interpelaciones y acusaciones
En cuanto al apartado de mociones, comparecencias e interpelaciones, PNL-NC había solicitado un informe jurídico para determinar si José Manuel Páez Álvarez había incurrido en usurpación de funciones cuando, tras la destitución de tres cargos directivos en los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) del Cabildo, repartió tarjetas de visitas con el cargo de director de Desarrollo del Ente Público Empresarial Local (EPEL). El escrito jurídico del secretario del Cabildo fue leído por la presidenta, Manuela Armas, y en él se establece que José Manuel Páez no incurrió en usurpación de funciones, primero porque “no se le atribuyeron labores ejecutivas de dirección y, segundo, porque dicho cargo, el de director de Desarrollo, no existe en el organigrama del propio EPEL”.
Los miembros de Aculanza, este miércoles en el salón de plenos del Cabildo.
En respuesta e insatisfecho con la respuesta obtenida del equipo de gobierno el portavoz del PNL-NC, Juan Carlos Becerra, acusó al secretario de la Corporación de elaborar los “informes que se le encargan a medida de quien se los encarga”. En este punto, mientras el propio secretario se defendía de la “grave” denuncia de Becerra, el portavoz del PSC, Carlos Espino, acusó al propio Becerra de “conceder licencias”.
Una vez que se disipó la evidente tensión que afloraba en el salón de plenos del Cabildo el grupo de gobierno volvió a rechazar la paralización del Plan de Viabilidad de Inalsa, en este caso solicitada por el Partido Popular y secundada también por CC y PNL-NC.
En representación del grupo de gobierno PSOE-PIL, la consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, acusó a la oposición de no plantear soluciones alternativas al Plan de Viabilidad. “La empresa no gestiona en solitario. Existe un Consejo de Administración y este es el primer año que los miembros de la oposición han formado parte de él, pero veo que no ha servido para nada”, espetó ante las críticas del PP, que a través de su portavoz, Francisco Cabrera, acusaba nuevamente al Gobierno insular de privatizar Inalsa, le criticaba por negociar con la UTE Edad y recordaba que la Comisión de investigación por la planta de Janubio nunca se volvió a reabrir.
Por otra parte, el grupo de Coalición Canaria retiró sobre la marcha una moción con la que pretendía que el Pleno del Cabildo se sumara a la propuesta del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, sobre la resolución legal de los casos de establecimintos turísticos cuyas licencias han sido anuladas.
En principio, dicha retirada se debe al anuncio del propio Berriel, que esta misma mañana adelantaba que este jueves mantendrá una reunión con representantes de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan), del Cabildo de Lanzarote, de los ayuntamientos de Yaiza y Teguise, y de los sindicatos UGT y CC OO para abordar el problema de los hoteles que están siendo investigados por la Unión Europea (UE) por su “ilegalidad”.
Berriel explicó que el Gobierno canario ha considerado que como cualquier solución que se ha de dar dentro de la legalidad a estos hoteles podría tener una repercusión en el empleo, “hemos creído conveniente invitar a los secretarios insulares de las dos centrales sindicales importantes CCOO y UGT a que estén en la reunión y nos expresen su opinión”. Aseguró que no se trata de una “cuestión baladí” porque se está hablando de más de 20 hoteles de última generación que dan empleo directo a 4.000 trabajadores y de manera indirecta a 6.000 y es por ello por lo que opinó que este tema se ha de analizar sin más dilación.
Además, dentro de las solicitudes de comparecencia, PNL-NC pidió a la Presidencia que informara sobre los hechos denunciados en relación con El Albergue de La Santa.
Otros asuntos
Entre los asuntos que llevaba el grupo de gobierno a la sesión ordinaria, el último antes de las vacaciones de agosto y en el que Augusto Membielle recibió el Cangrejo de Oro del Cabildo, figuraba la aprobación inicial de la constitución de la Sociedad de Promoción Económica, un asunto que antes de salir adelante deberá pasar el filtro de una comisión de estudio.
Además, el Pleno acordó la cesión gratuita de una porción de terreno al Ministerio del Interior, para la construcción de un Centro de Reinserción Social para los internos del centro penitenciario de Tahíche en régimen de tercer grado.
Los grupos del Cabildo respaldaron también la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de tratamiento de residuos en el Complejo Ambiental de Zonzamas, cuyo reglamento de explotación también quedó aprobado.
Entre los asuntos de la Presidencia, también se respaldó la anexión al convenio específico de colaboración entre las universidades de La Laguna y Gran Canaria para las ayudas al alojamiento de estudiantes de Lanzarote para el curso 2007-2008, que el próximo curso irán también destinadas a estudios universitarios fuera de Canarias, y que en el curso 2009 se entregarán a los estudiantes con mayor antelación.
El Pleno, que aprobó la renovación de las tarifas del transporte interurbano de Lanzarote, votó a favor de un convenio entre la Corporación y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno canario para el control poblacional del erizo de lima.
