La falta de un testigo alegando estar de crucero, Ramón Callero, provocó que la Sección Número 1 de la Audiencia Provincial de Las Palmas trasladada a Arrecife aplazara hasta el próximo 10 de diciembre el juicio que debía celebrarse este martes en el Palacio de Justicia contra el antiguo presidente de la urbanización “Los Noruegos” de Caleta de Famara, Egil Johnsen.
Los hechos se remontan a marzo de 2002, cuando el ahora teniente alcalde de Arrecife Antonio Hernández tomó el relevo a Johnsen -quien había sido presidente entre los años 1996 y 2002- como presidente de la comunidad de vecinos, abandonándola luego en 2004 tras decidirse que debía variar la presidencia en base a la anualidad. Tras detectar la nueva Junta Directiva unas “supuestas anomalías” y valorarse éstas en una Junta General, se decidió, por votación, llevar al ex presidente a los tribunales por la vía civil por presunta apropiación indebida al existir gastos injustificados.
El juicio tuvo lugar en 2004 y tras no resultar favorable a los vecinos en primera instancia, la Audiencia Provincial, tras apelación, resolvió a favor de los comuneros obligando a pagar 60.000 euros al acusado, previa auditoría.
Según explicó Hernández, “Había doble contabilidad, en cuanto a un gasto que había que aparecía doble cobro; por un lado, se cobraba a los propietarios, y por otro se cobraba a la comunidad a petición del auditor, del gestor que yo tenía para llevar la contabilidad de la comunidad” dijo para luego añadir que “fue así él quien nos aconsejó que las cuentas no estaban claras y tomé la decisión, antes de llevarlo a los tribunales, de hacer una asamblea general”.
El resultado de las auditorías vislumbró también irregularidades mucho más graves, como supuesto engaño y presuntas falsificaciones de documentos, por lo que el Ministerio Fiscal lo llevó por la vía penal en marzo a Arrecife, suspendiéndose en esta fecha por la falta del abogado defensor, Carlos Iglesias, y trasladándose a una segunda vista que se pretendía realizar este martes a la cual acudieron el abogado de la acusación particular, Felipe Ronda, y tres testigos además del perito.
La ausencia del testigo de la acusación particular que llevaba la contabilidad en las fechas señaladas le supondrá a éste tener que pagar 500 euros, según dictaminó ayer el tribunal.
La acusación particular se adhiere al Ministerio Fiscal en la petición de 4 años de prisión, inhabilitación y una multa de 37.000 euros. Johnsen, según explicó su abogado defensor, se declara inocente.
