- El borrador del PTE estará listo a finales de agosto, a falta del convenio con Montaña Roja y el ajuste del convenio con Algol a la adaptación del Plan de Costa Teguise al PIOL.
- El Cabildo deniega la licencia de apertura y funcionamiento turístico a un hotel de la cadena Riu. La Junta de Portavoces acuerda dar 20 días de alegaciones a los empresarios afectados por las resoluciones relacionadas con estas licencias, y darlas a conocer a todas las fuerzas políticas antes que a la opinicón pública.
La Junta de Portavoces del Cabildo insular de Lanzarote acordó este miércoles por la mañana, con el voto en contra de Alternativa Ciudadana, dirigirse a la COTMAC, la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias, para solicitar la exoneración del Plan Territorial Especial (PTE) a la Ley de Impacto Ambiental que entró en vigor el pasado 22 de julio por normativa europea. Ello permitiría reducir los tiempos para la aprobación inicial del documento, que se prevé para principios de octubre.
Basándose en un informe de los técnicos de la Oficina del PIOL y en los supuestos contemplados en la Ley 9/ 2006 de Evaluación Ambiental de Planes, el Cabildo tratará de aprovechar varios resquicios para zafarse de ese examen medioambiental, que retrasaría en más de un año la tramitación del documento y la anhelada desclasificación de entre 25.000 y 38.000 camas turísticas.
Según ha asegurado la propia presidenta, Inés Rojas, ciertos planes cuya tramitación se iniciaron antes de la puesta en marcha de la Ley europea sería el caso del PTE pues el Cabildo inició su procedimiento de aprobación el pasado 29 de abril de 2005-, y algunos documentos cuyo propósito se base en la contención del territorio, podrían ser susceptibles de burlar esta ley.
En el propio informe técnico elaborado por la Oficina del PIOL y al que este medio ha tenido acceso, se establece que, de acuerdo al artículo 24.2 del Reglamento de la nueva Ley de Impacto Medioambiental, quedarán exonerados los planes territoriales que estén afectados por alguno de los siguientes supuestos: a) establezcan el uso de zonas de reducida superficie territorial; b) tengan por objeto modificaciones o revisiones parciales de carácter menor; c) desarrollen determinaciones de planes jerárquicamente prevalentes sometidos a tal procedimiento de evaluación.
En cualquier caso, parece claro que el borrador consensuado del PTE estará preparado para finales de este mes de agosto, a falta de incluir el convenio con los promotores de Montaña Roja y la adaptación del convenio con Algol al ajuste del Plan de Costa Teguise al Plan Insular de Ordenación del Territorio. En el primer caso, debido a que el proyecto de campo de golf se vio frenado en el propio PIOL del 91 por un proceso de ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves), la presidenta aseguró que o éste "se ajusta a la normativa y subsana esas circunstancias o no podrá incluirse”.
Además, el Plan encargado a la Consejería de Turismo del Gobierno canario con la oferta de ocio complementario llegará a la Isla a finales de septiembre. Por ello, el Cabildo se ha comprometido a incluir dicha oferta a través de un texto refundido, bien antes de la aprobación inicial o durante el período de alegaciones.
A vueltas con la polémica del Castillo
Por otra parte, la Junta ha tratado también la polémica suscitada en torno a la famosa misiva remitida por Inés Rojas al Gobierno canario solicitando la delimitación del entorno de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) del Castillo de San José.
Rojas ha afirmado que asume la postura de la oposición, que ha calificado de “interesada”, pero ha asegurado que en cualquier caso siempre quiso salvaguardar los intereses del BIC, y que siempre dejó claro en su carta que su deseo era que se obviaran las alegaciones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) si en algún momento podía caducarse el plazo legal del expediente.
La presidenta ha afirmado que aunque las nuevas alegaciones de Puertos al procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural del Castillo de San José, eran una reiteración de las enviadas por primera vez a la Primera Institución el 5 de abril de 2006, y que habían sido rechazados mediante resolución del Cabildo del pasado 18 de julio, "las consideraciones expuestas en el nuevo documento eran distintas".
"Me parecía importante contemplar esas alegaciones mientras no caducara el BIC, que siempre ha sido lo primero", dijo. Rojas ha reconocido además que en el momento de redactar la carta estaban presentes los dos vicepresidentes del Cabildo, Manuel Fajardo y Mario Pérez. Aclaró también que el comunicado del PSC-PSOE en el que se calificaba la carta de "enorme error político" fue remitida a los medios "a destiempo".
La presidenta aseguró además que la misiva no se acompañó de informe técnico alguno ni se dio cuenta del mismo al consejero de Patrimonio Histórico, Carlos Espino, porque "no hacía falta y porque siempre se dejó claro que lo importante era que la declaración del BIC no caducara".
Rojas aseguró que todavía no se ha reunido con el presidente de la APLP, Emilio Mayoral, quien en una visita a Lanzarote aseveró que se recortarían en un 40 por ciento las instalaciones del muelle de contenedores.
Defectos formales
En cuanto a los defectos formales que propiciaron que el expediente del BIC se dejara sobre la mesa y nunca entrara en el Consejo de Gobierno, Rojas indicó que aunque al Cabildo no le constan todavía oficialmente cuáles son esos errores de tramitación, el responsable de Educación y Cultura del Gobierno autónomo, Isaac Godoy, sí le ha transmitido que la Secretaría General Técnica no elevó el caso del Castillo al Consejo porque en su informe jurídico se alega que este BIC "se ha reabierto antes del plazo estipulado por la ley".
Y es que el expediente ya caducó en el año 2001, y para ser reabierto tenían que haber transcurrido tres años cuando en realidad su reapertura se produjo antes, en 2003. Sin embargo, según Rojas, la ley también dice que el expediente BIC se puede reabrir antes de los 3 años siempre y cuando sea propiedad del Cabildo, como así es el Castillo, pero no su entorno, que es lo que se propone en este caso, pues pertenece a Puertos".
Nuevos criterios para las licencias turísticas
Otro de los acuerdos principales respaldados unánimemente por la Junta de Portavoces se ha basado en los nuevos criterios que se aplicarán a la hora de emitir una resolución a favor o en contra de una licencia de apertura de cualquier establecimiento turístico.
A partir de ahora, la decisión sobre cualquier licencia se dará a conocer a todas fuerzas políticas en el Cabildo, luego se le concederá un período de 20 días para que el afectado pueda hacer las pertinentes alegaciones, y posteriormente se hará pública la concesión o denegación de dicha licencia.
En cualquier caso, se ha hecho público que esta mañana los portavoces del Cabildo han acordado denegar la licencia de apertura y funcionamiento turístico a un hotel de la cadena Riu.
Excedente de uva
Por otro lado, ante el anuncio de un nuevo excedente de uvas de un millón y medio de kilos en la presente vendimia, Rojas confirmó que el Cabildo pondrá de nuevo a disposición de las bodegas de la Isla las instalaciones del Complejo Agroindustrial de Teguise, para que las uvas puedan ser absorbidas y transformadas en vino. "Los 4 millones de kilos de uvas no serían una supercosecha siempre y cuando se le pudiera dar salida, pero el sector no ha crecido proporcionalmente. Mientras la viña es cada vez mayor, las bodegas son las mismas que antaño", dijo.
Para evitar "nuevos parcheos a esta situación" que se repite año tras año, Rojas ratificó que el Cabildo está estudiando incluir modificaciones en el Plan de Uso y Gestión de La Geria, o arrancar el permiso a través del Gobierno canario para la ampliación de las instalaciones de las bodegas de Lanzarote.
Declaración institucional por el conflicto en Oriente Próximo
La Junta acordó una declaración institucional, que hará extensiva a la FECAM, la FECAI, los cabildos y el Gobierno canario, para condenar el conflicto actual que se vive en Oriente Próximo. "Requerimos a los gobiernos de Israel yHezbolá que paralicen estas acciones bélicas y que la ONU pueda llevar a cabo los pertinentes desplazamientos en labores de paz".
La declaración exige el alto el fuego de ambas partes, pide que el Gobierno israelí cese sus ataques masivos e indiscriminados sobre el Líbano y a Hezbolá que actúe sólo como partido político y paralice de inmediato los lanzamientos de misiles contra la población civil de Israel. El documento institucional exige a la Unión Europea su implicación activa y al Gobierno español una denuncia pública.
REF
Rojas recordó que la última reunión de la Federación de Cabildos insulares (FECAI) suspendida el pasado martes por la llegada del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ha quedado postpuesta para una próxima fecha de este mes de agosto.
En ella se tratarán nuevos aspectos relacionados con el recurso presetado por el Gobierno canario a la sentencia por la que el Ejecutivo debe abonar las diferencias registradas por los ingresos del Régimen Económico y Fiscal (REF). "Sí me gustaría que si se llega a un acuerdo con el Gobierno, que esa firma se lleve a cabo en Lanzarote", concluyó.
