FOTOS: JESÚS PORTEROS (CABILDO INSULAR DE LANZAROTE).
El Pleno del Cabildo insular de Lanzarote ha acordado este viernes de forma unánime, durante la sesión ordinaria celebrada desde las 10:00 horas, adherirse a la petición del Consejo Regulador para que el Gobierno canario pague las ayudas europeas a los viticultores de 2010.
El Cabildo de Lanzarote ha manifestado su apoyo a las demandas del Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Vinos de Lanzarote” que reclama al Gobierno de Canarias el pago inmediato a los viticultores del dinero que aún les queda por percibir correspondiente a las ayudas para el mantenimiento de viñedos previstas en el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad de Canarias (POSEI), correspondientes a 2010.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Lanzarote, Francisco Fabelo, recordó que a través de dicho Programa, la Unión Europea (UE) concede una ayuda de 1.650 euros por hectárea de viñedo a los viticultores que la hayan solicitado y que estén adscritos a una denominación de origen. De dicha cantidad – explicó el consejero de Agricultura- “sólo se ha hecho efectivo el pago de 600 euros, que aporta la propia UE, quedando pendiente de ingresar los 1.050 euros restantes, pagaderos al 50% entre los gobiernos central y autonómico”.
Por ello, dada la mala campaña que afectó al sector durante el último año, el Cabildo de Lanzarote, a través del Pleno de la Corporación insular, ha instado al Gobierno canario a que proceda al pago de la cantidad adeudada a los viticultores, tal y como ya ha ocurrido en otros sectores, como el del plátano, cuyos beneficiarios han recibido el importe total de la ayuda.
Asimismo, el Cabildo de Lanzarote también se ha sumado a la demanda del Consejo Regulador que solicita al Gobierno de Canarias un incremento en las ayudas agroambientales como complemento a las ayudas del POSEI por el alto valor cualitativo -paisajístico y turístico- que tiene la viña en Lanzarote, y que en la actualidad es sólo de 170 euros por hectárea.
Apoyo a los cooperantes secuestrados
Además, el Cabildo de Lanzarote ha mostrado su apoyo a los cooperantes internacionales de Médicos Sin fronteras secuestrados. El Pleno mostró su apoyo y solidaridad con las víctimas y familiares de los últimos secuestros de cooperantes y voluntarios internacionales, adhiriéndose al manifiesto aprobado en el seno del Pleno del Consejo Insular del Voluntariado y las Asociaciones (CIVITAS), celebrado el pasado 19 de Octubre.
Civitas aprobó por unanimidad redactar un manifiesto de apoyo y solidaridad a las Cooperantes de Médicos sin Fronteras, Monserrat Serra y Blanca Thiebaut, secuestradas en el campo de refugiados de Kenia. Días después, el 22 de Octubre, en los campos de refugiados saharauis situados en Argelia, han sido secuestrados los cooperantes españoles Ainoa Fernández, Enric Goyalons y la italiana Rossella Urru.
El Consejo Insular del Voluntariado y de las Asociaciones (CIVITAS) integrado por representantes de los grupos políticos del Cabildo de Lanzarote, representantes de los Ayuntamientos y representantes del hecho Asociativo, invita a la ciudadanía de la Isla al apoyo solidario para la repulsa y condena a todo acto violento y a la implicación voluntaria en acciones solidarias, trasladando nuestro profundo aliento y esperanza a todos los cooperantes que se encuentran en semejante situación”.
Reserva de la Biosfera
Por otro lado, la declaración institucional sobre la reserva de la Biosfera se ha convertido al final en un manifiesto de cuatro grupos políticos tras el voto en contra de Alternativa Ciudadana. Su portavoz, Ginés Quintana, asegura que apoya la Reserva de la Biosfera, pero alega que ha echado de menos la autocrítica y políticas más sostenibles para Lanzarote.
No al pago mensual de la factura de Inalsa
Además, en esta sesión ha sido rechazada la petición del PIL para el Consorcio Insular de Aguas se dirija a Inalsa para que ésta cobre cada mes, y no cada dos, la factura del agua.
Según el presidente, Pedro San Ginés, se estaría cometiendo una ilegalidad al revocar un acuerdo del Consorcio que, por ley, acordó recientemente igualar el capítulo de ingresos con el de los gastos de producción. Además del menor ingreso en concepto de agua, San Ginés sostiene que el pasar a cobrar cada mes la factura supondría unos 400.000 euros más de gastos solo en mandar por correo las facturas y cerca de 180.000 euros extra por el incremento en el trabajo de lectura de los contadores.
