Fotos: Dory Hernández
El grupo de gobierno del Cabildo, apoyado por diversos técnicos, juristas y expertos en materia de Ordenación Territorial, ha trasladado este viernes a los miembros del Consejo de la Reserva de la Biosfera los informes concretos que detallan cuáles son las irregularidades de los hoteles cuyas licencias han sido anuladas por los tribunales de justicia.
El trabajo realizado sobre todo por los técnicos de la Oficina del PIOT se ha basado en resumir cuál es la situación de los planes parciales de cada municipio, cuál ha sido la filosofía del Plan Insular de Ordenación (PIOT), la casuística que ha habido en materia de sentencias a raíz de los recursos presentados por el Cabildo y, a partir de ahí, la situación concreta de cada uno de los establecimientos turísticos o parcelas afectados por dichos recursos.
El resultado principal que se desprende de la sesión del Consejo de la Reserva de la Biosfera de este viernes radica en que cualquier encaje de la situación de estos establecimientos hoteleros pasaría por modificaciones de los planeamientos, bien a través de la revisión actual a que se está sometiendo el PIOT, bien mediante el Plan Territorial de Ordenación Turística, o bien a través de modificaciones sobre los planeamientos urbanísticos municipales.
Durante la sesión también quedó claro que dichos cambios tienen que ser homologados por los mismos tribunales que han emitido estas sentencias, siempre y cuando respondan a los intereses generales. Estos intereses generales están establecidos en el PIOT y obedecen a tres criterios: reducción de camas, aumento de la calidad e incremento del equipamiento.
Ahora mismo las sentencias están en fase de ejecución voluntaria, y cualquier ciudadano puede solicitar la ejecución de las sentencias.
Incumplimientos
Tal y como se anunció durante la Comisión informativa de ordenación Territorial y Medio Ambiente de este jueves en el Cabildo, los hoteles no sólo incumplen el Plan Insular de Ordenación, sino también las normativas municipales y autonómicas que había en vigor cuando se concedieron.
El consejero de Presidencia del Cabildo, Carlos Espino, señaló en un descanso de la comisión de política territorial que en el pasado desde los ayuntamientos de Yaiza y Teguise “se ha tratado de culpabilizar al Cabildo y lo gracioso es que se han saltado hasta sus propias normas” a la hora de conceder las licencias ilegales a 27 proyectos turísticos, lo que calificó como “el colmo de la indecencia”. “Los que decían que faltaba un papelito van a tener que reconocer que estaban equivocados”, señaló Espino, que considera que actualmente “las licencias han desaparecido”. Ahora tendrán que ser los afectados quienes deban iniciar de nuevo el procedimiento de obtención de licencia, aunque según el consejero las solicitudes chocarían con la normativa aplicable.
Carlos Espino señaló, entre los incumplimientos, que los ayuntamientos no han respetado la distribución de usos de los planes parciales turísticos establecidos en el PIO, que reserva el 50% del suelo destinado a uso turístico, el 25% a equipamientos y otro 25% a zona verde. También destacó que hay parcelas donde se permitía la construcción de edificios de tres plantas “y aparecen cinco” o que un plan parcial con capacidad para 4.000 camas “tiene 8.000 construidas” y no se han desarrollado todas las parcelas.
Hay que recordar que hay casi tantos derechos edificatorios adquiridos como plazas actualmente construidas en la Isla y que la Moratoria termina en el año 2010.
Los tribunales han anulado más de 12.000 camas turísticas en los municipios de Teguise y Yaiza, de las que unas 8.000 están en funcionamiento. En el Juzgado número 2 de Arrecife se sigue una investigación sobre la concesión de estas licencias a raíz de una denuncia del propio Espino basada en un informe encargado por el Cabildo que hablaba de que la concesión de licencias se debió a una estrategia planificada.
