Fotos: Jose Curbelo
Bajo la presidencia del consejero socialista, Juan Félix Eugenio, la Mesa Insular de Contratación se reunió este jueves en el Cabildo para analizar y discutir sobre la idoneidad de los cuatro proyectos presentados por distintas empresas en el marco del concurso abierto para la redacción de la Revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). Marcial Echenique y Cía S.A., La Roche Consultores, Ezquiaga Arquitectura. Sociedad y Territorio S.L, UTE-Caro Mañoso Arquitectos Asociados S.L son las cuatro entidades pendientes de elección. La primera de las compañías citadas asegura en su oferta que hace el trabajo por 576.000 euros; la segunda por algo menos, 569.400 euros; la tercera empresa ofrece un precio de 540.000 euros y la UTE tasa el coste de la redacción en 585.000 euros.
Concretamente, durante este encuentro se dio a conocer el informe técnico que avala la elección de una de las firmas presentadas, al parecer la que más se ajusta a los pliegos técnicos y administrativos indicados por el Cabildo de Lanzarote. A partir de este trámite, la Mesa de Contratación dará a conocer la adjudicación de forma oficial, presumiblemente a mediados de la semana que viene, y, como suele ser habitual, en estos procesos se primará la calidad técnica inherente al proyecto así como el precio ofertado. La empresa elegida, que contará con una dotación de 600.000 euros (100 millones de las antiguas pesetas) será la encargada de redactar el documento que deberá regir el futuro de Lanzarote en materia urbanística y marcar las pautas de crecimiento que se seguirá en la Isla sen los próximos años.
El objetivo del Cabildo es que el documento tenga una validez aproximada de cincuenta años, -como anunció en anterior consejero Mario Pérez durante la presentación del concurso- debido a la pérdida de vigencia del actual planeamiento, que está basado en el Lanzarote de 1991. El Plan actual data de hace más de 15 años y mucho han cambiado las cosas en este tiempo. Ni los paisajes agrarios, ni los conceptos medioambientales, en definitiva, la realidad insular es la misma que la de hace más de una década. De hecho, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las fichas de campo del PIO vigente están fechadas en el año 1987, cuando se puso en marcha el planeamiento actual. Por eso, la idea es que la nueva norma dé respuesta a los problemas que se plantean hoy en día y que sólo pueden resolverse por otras vías como la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), tal como ha sucedido con los camelleros de Uga, el desbordamiento de las bodegas o los corrales de Soo.
Condiciones irrenunciables
Los proyectos presentados a concurso deberán contener, como mínimo, la memoria y estudios complementarios, los planos digitalizados de las islas de Lanzarote y La Graciosa, las normas urbanísticas conciliadas de los planes generales de los Ayuntamientos, los planes de recursos naturales, los programas de actuación y los estudios económicos que hacen referencia a la puesta en marcha del informe.
Además, el nuevo documento tendrá que adaptarse a la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y a la Ley de Directrices de Ordenación del Turismo del Gobierno regional con el objetivo de dar respuesta a problemas de suelo para la dotación de infraestructuras o los problemas agrícolas y ganaderos. En otro orden, se espera que el nuevo documento permita crear las bolsas de suelo demandas por los ayuntamientos de la Isla para la edificación de primeras viviendas para jóvenes u otros usos, así como resolver la paradoja que se está dando actualmente y que fomenta por un lado el uso de las energías alternativas pero que por otro impide desarrollar.
Desde la oposición se ha valorado positivamente este paso al entender que el PIO actual demanda “una actualización inmediata”. Para el ex consejero del área, Mario Pérez, el planeamiento actual es un “buen documento” pero señaló que “no se han hecho los deberes necesarios” y por ello “no está adaptado”. “El Cabildo de Lanzarote debe ser el primero en dar ejemplo y adaptar el PIOT a la Ley de Ordenación del Territorio, así como a las Directrices del Gobierno de Canarias del año 2003”, señaló. Al mismo tiempo pidió que el texto revisado “no se convierta en motivo de desencuentro entre el Cabildo y otros sectores”, como viene sucediendo.
