"La situación del consejero de Sanidad del Cabildo de Lanzarote, Juan Manuel Sosa, se ajusta perfectamente a lo dictado por la Ley y tiene todo el derecho a cobrar su salario íntegro por sus especiales circunstancias laborales y por estar liberado en la Corporación insular y depender por tanto de la Comunidad Autónoma". Así lo ha asegurado este viernes durante la sesión plenaria de la Corporación insular la presidenta, María Dolores Corujo, que a petición del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) ha comparecido ante el Plenario para desmentir las graves acusaciones del principal partido de la oposición tras la renuncia de Sosa a la portavocía de los nacionalistas en diciembre de 2019 para transfugarse e integrarse en el Gobierno de la propia Corujo. Ha sido una dación de cuentas en la que echando mano de informes y contrainformes ha organizado un auténtico galimatías en el que no ha quedado finalmente claro cómo se va a afrontar el asunto al dar a entender que todo queda pendiente de la negativa de la institución insular a aceptar la pretensión de la Comunidad Autónoma de que sea la primera la que abone la cantidad percibida. Ante esta situación, los nacionalistas pidieron que no se produjera esta comparecencia porque no tenían la nueva documentación y en ningún caso entendían lo del decreto firmado por Corujo para tratar de dar carpetazo al tema, algo que a su modo de ver tampoco les aclaró la presidenta durante la intervención que realizó leyendo los folios que llevó al pleno con el espinoso asunto. CC, según confirmaron a este diario tras la sesión, van a pedir la convocatoria de un pleno extraordinario para que se aclare de verdad el tema y se pueda abrir un debate en el que no sólo hable la presidenta.
La presidenta, que en una extensa intervención ha llegado a acusar a los nacionalistas "y a sus voceros" de "mentir" en un "ataque despiadado y una campaña de desprestigio sin precedentes" tras "aprovechar una filtración" del Servicio Canario de Salud (SCS), ha asegurado que el departamento regional de Función Pública ya había confirmado en un primer informe -anterior al que los nacionalistas han hecho públicos más tarde- que Sosa "tiene derecho a cobrar su sueldo íntegro, pero según Función Pública, no a cobrarlo del Cabildo, sino de la propia Comunidad Autónoma".
La presidenta ha abundado en que, tras conocer el contenido de otros informes posteriores de Función Pública, que sugerían la posibilidad de que fuera la Primera Corporación insular la que se hiciera cargo de las remuneraciones de Sosa, desde el Cabildo "pusimos en marcha un procedimiento administrativo para liberar al consejero por parte de esta institución y abonar a la Comunidad Autónoma las cantidades que Función Pública entendía que debía abonar el Cabildo, pero nunca el consejero". Sin embargo, un informe de la Intervención del Cabildo desaconsejaba dicha opción propuesta por Función Pública. "Se señalaba que no procedía ese abono a la Comunidad Autónoma porque ésta no había iniciado todavía el procedimiento de reintegro, así que decidimos revisar el expediente y, tras un análisis mucho más detallado, se ha llegado a la conclusión de que la interpretación recogida en el primer informe de Función Pública, que además está en vigor, es correcta, por lo que no corresponde a este Cabildo cuestionar su validez", ha remarcado Corujo.
"Su situación se ajusta perfectamente a lo dispuesto por la Ley y no ha percibido cantidad alguna de manera indebida", ha sostenido. Según Corujo, "nunca se ha propuesto que el Cabildo se haga cargo de pagar esos 100.000 euros, que dicen que tendría que pagar el consejero pues el consejero nunca nada tiene que pagar". "Es falso. Lo saben, que es lo lamentable", ha dicho sobre las acusaciones de CC-PNC.
Así, para ella finalmente y después de tantas vueltas y de tanto lío interadministrativo "corresponde a la Comunidad Autónoma el pago del sueldo del consejero Juan Manuel Sosa, y no al Cabildo". "El consejero tampoco tiene que devolver 100.000 euros ni lo que supuestamente ha cobrado de más. Lo recoge en un primer informe la Dirección General de Función Pública, que sigue vigente y en el que también se ratifica que su libración corresponde a la Comunidad Autónoma, no al Cabildo", ha subrayado la presidenta en su comparecencia.
De esta manera, la presidenta ha anunciado que ha "dictado hoy mismo el decreto confirmando que la delegación del consejero permanece y ha permanecido siempre en vigor, con lo que no procede abonar desde el Cabildo la nómina del consejero, toda vez que su liberación corresponde a la Comunidad Autónoma".
Sanidad no tenía constancia de la renuncia de Sosa
La dirigente socialista ha querido trasladar al Grupo Nacionalista que Sosa sólo comunicó a Función Pública su renuncia a la portavocía nacionalista hace ahora casi dos años "por su condición de funcionario" y, en este sentido, ha aclarado que el hecho de que dicha renuncia no se le comunicara también a la Consejería de Sanidad provocó que el SCS desconociera las especiales circunstancias del responsable de Sanidad en el Cabildo.
"El Servicio Canario de Salud no tenía constancia de la comunicación realizada por el consejero a Función Pública, pero cuando Coalición Canaria, que ha mentido descaradamente, pidió información sobre el consejero Sosa, en Sanidad no tenían constancia de esas novedades, por lo que les aportaron una información falsa", ha aseverado la presidenta.
