La Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote y la Junta General de Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) han acordado la adopción de medidas legales contra Pedro San Ginés e Ignacio Calatayud por la contratación irregular del letrado y los cobros indebidos del mismo en los procedimientos incidentales en que representó de manera también irregular a ambas entidades. Así lo ha anunciado este jueves el Gobierno que preside la socialista María Dolores Corujo unas horas después de que uno de los aludidos, el ex presidente Pedro San Ginés, afirmara en otra nota de prensa que iba a denunciar a la líder del Partido Socialista (PSOE) en la Isla por injurias y calumnias. Esta nota de la institución, la novena que se emite sobre el mismo asunto, concluye de algún modo con la historia que han ido ofreciendo por partes para evidenciar, a juicio del Gobierno insular, que se “urdió una trama” para que el abogado facturara una cantidad indecente de dinero al haber sido amasada a su modo de ver y siguiendo el relato de manera irregular.
“La investigación realizada por INALSA a lo largo de los últimos meses sobre los procedimientos en los que se había personado el letrado-amigo de San Ginés, a raíz de la demanda presentada por Calatayud reclamando a INALSA el pago de otros 82.000 euros por honorarios del concurso y la sorprendente negativa de éste a facilitar a su propio cliente, la información sobre los incidentes concursales, ha permitido conocer y acreditar todo un cúmulo de irregularidades ocultadas por San Ginés, que han sido puestas en conocimiento de la Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote y de la Junta General de INALSA”, apuntan en esta nota de prensa.
Con respecto a la contratación irregular del letrado, apuntan desde el Cabildo que la documentación obtenida del Juzgado, ante la pertinaz negativa de Calatayud a entregarla, pone de manifiesto que San Ginés designó como letrado en, al menos, nueve ocasiones a Ignacio Calatayud. La cuantía de los honorarios pactados para cada una de las tres primeras designaciones era muy superior al límite máximo que la ley prevé para ese tipo de contratos y así quien fuera presidente de la empresa pública de aguas aceptó tres presupuestos por 199.020 euros, 99.020 euros y 64.200 euros, cuando sus facultades le permitían contratar por un máximo de 18.000 euros.
“Además de exceder de manera escandalosa los límites para los que estaba facultado, San Ginés procedió a dichas contrataciones sin formalizar el correspondiente expediente de contratación, ni justificar la elección de su amigo letrado (un novicio en temas concursales sin experiencia previa alguna en la materia), limitándose a aceptar un presupuesto teóricamente remitido por Calatayud cuyas condiciones se transcribían en el documento firmado por San Ginés. En el caso del primer contrato, este se suscribió por un importe total de 199.020 euros (importe prácticamente igual al que se había acordado con el despacho jurídico especializado en temas concursales que se contrató inicialmente por su experiencia en la materia. Sin embargo, no se descontó el importe correspondiente al abundante trabajo que ya había realizado el equipo anterior durante la Fase Común, permitiendo que en la práctica lo volviera a cobrar el amigo del ex-presidente)”, argumentan en esta nota de conclusiones.
“La posterior anulación de este primer contrato, que contemplaba la asistencia jurídica a la entidad en la totalidad del procedimiento concursal, y su sustitución por otros dos, que cubrían tan solo la Fase Común y la de Convenio, causaron un grave perjuicio a INALSA, ya que no solo se renunció a condiciones más beneficiosas para la empresa en favor de Calatayud, al excluir los incidentes concursales en el segundo contrato, sino que también se incrementó el coste de la fase de convenio en un 50% en el tercero. La suma de estos contratos irregulares le han permitido cobrar a Calatayud la suma de 151.600 euros”, añaden.
Por último, dicen desde el Cabildo, con respecto a las contrataciones irregulares, las investigaciones han desvelado que Calatayud se personó en nombre de INALSA en, al menos, cinco incidentes concursales sin que exista ningún expediente para su designación por lo que su contratación solo pudo ser verbal y a cargo de San Ginés. En uno de esos incidentes se ha constatado una nueva designación efectuada por San Ginés a favor de su amigo Calatayud para que se personase en nombre del Consorcio Insular de Aguas, sin que exista expediente de contratación, ni tan siquiera resolución acordando su designación por el ente público, la cual se efectuó mediante un nuevo nombramiento directo de Pedro San Ginés.
“En cuanto se refiere a los cobros indebidos, la investigación ha podido acreditar con los documentos proporcionados por el Juzgado que Calatayud percibió 642.000€, 80.250 y 26.750€ por tres incidentes concursales, lo cual hace un total de 749.000€, cuyo cobro a cargo de los contrarios fue ocultado a INALSA, tratándose de cantidades que tienen la consideración legal de crédito a favor de la masa, por lo que habrían servido para pagar parte de la deuda a los acreedores. Los 749.000€ cobrados indebidamente por Calatayud podrían ascender a 831.609,95€ de prosperar la reclamación realizada por el letrado mediante una Jura de Cuentas por un total de 82.609,95€. En total, incluyendo los cobros procedentes de los contratos irregulares y el importe facturado en los incidentes concursales, Calatayud habría cobrado con cargo al procedimiento concursal un total de 983.209,95€ frente a los 200.000€ que se contemplaban como precio total en el contrato suscrito con el equipo jurídico anterior que incluía la totalidad de los incidentes concursales”, afirman.
De este modo, comentan que los acuerdos entre San Ginés y Calatayud llegaron al extremo de que el amigo-letrado del expresidente de INALSA cobró el doble que los propios administradores concursales, pero por un trabajo notoriamente inferior ya que estos intervinieron en más de 20 incidentes y todas las fases del concurso, mientras que Calatayud solo intervino en 5 incidentes y lo contrató San Ginés cuando el trabajo de la fase común había sido realizado ya en gran parte por el equipo especializado anterior.
Tras conocer estos hechos, de extremada gravedad por sus consecuencias para las entidades afectadas, la Asamblea del Consorcio y la Junta General de INALSA han adoptado el acuerdo de emprender acciones judiciales por lo que se ha facultado a la representación legal de ambas entidades públicas a solicitar los informes previos pertinentes para la interposición de los procedimientos a que hubiera lugar.
La presidenta de ambos entes públicos ha valorado positivamente el trabajo de investigación realizado, pues ha permitido conocer a su juicio lo sucedido a lo largo del procedimiento concursal a pesar de la deliberada estrategia de ocultación urdida por San Ginés y Calatayud, y ha mostrado su estupor e indignación tras conocer que mientras la empresa pública de aguas se jugaba su futuro en unas duras circunstancias había quien aprovechaba la situación en su beneficio personal saqueando de manera indecente las cuentas públicas.
