El Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife ha condenado a un total de seis meses de prisión a los promotores del Plan Parcial La Bufona, en Arrecife. El arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro, que recurrirán ante la Audiencia Provincial de Las Palmas esta sentencia, que no es firme, han sido condenados por un delito contra la ordenación del territorio, pero han resultado absueltos de los delitos de desobediencia, falsedad y estafa de los que también les acusaba la acusación particular, representada en este caso en la familia Murillo.
Ambos condenados también deberán hacerse cargo de las costas del proceso judicial y han sido condenados a abonar también una multa de 3.650 euros, junto con una sanción de inhabilitación durante un año para todo tipo de trabajos de construcción, promoción o planeamiento.
El Juzgado de lo Penal Número 3 ordena también derribar lo construido en suelo rústico de protección ecológica.
El caso se inició en el año 2000 y su vista oral se celebró en los juzgados de Arrecife durante el pasado mes de noviembre.
Tras 16 años de instrucción en la causa, el pasado 24 de noviembre quedaba visto para sentencia el juicio por las viviendas del Plan Parcial La Bufona. El Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife sentó en el banquillo de los acusados desde el pasado lunes, 17 de noviembre, al promotor y constructor de 53 chalés en el Plan Parcial La Bufona, en Arrecife, Federico Echevarría y Antonio Caro, respectivamente.
Durante última sesión judicial, el Ministerio Fiscal rebajaba su petición de 4 años a 1 año y nueve meses de prisión por dilaciones indebidas en el procedimiento de instrucción de la causa. En su escrito de conclusiones, el fiscal pedía esta pena para Echevarría y Caro, por los delitos continuados de ordenación contra el territorio y desobediencia grave a la autoridad, pues están acusados de edificar más de medio centenar de viviendas, cuando tenían permiso para poco más de la mitad, con el agravio de que ocuparon presuntamente suelo rústico.
El Ministerio Público, además, reclamaba la demolición de parte de las casas edificadas ilegalmente. En este sentido, habría afectadas, según exponía el fiscal y tal y como ha suscrito el propio juez, 14 de las 53 viviendas del Plan Parcial La Bufona, por estar edificadas, según el Ministerio Público, en suelo rústico y no urbano.
Por su parte, la acusación particular, representada por la familia Murillo, que denunció hace 15 años la usurpación de sus terrenos, solicitaba 15 y 11 años de cárcel para ambos promotores, respectivamente, ya que consideraba que los acusados también eran responsables de los delitos de falsedad en documento público y estafa.
