Para David Luna el embargo de las cuentas de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) demuestra la incompetencia de la dirección política de la empresa pública y de su Consejo de Administración. Aunque los sueldos de los trabajadores no están embargados, el portavoz del Comité de Empresa transmitió en la 95.8 FM la profunda preocupación del colectivo porque la deuda está en franco aumento y se supone que con las cuentas embargadas los primeros que sufrirán las consecuencias serán los proveedores. El Comité de Empresa ha solicitado una reunión urgente con la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, y la asistencia a ella de la consejera delegada, Plácida Guerra, y del abogado de Inalsa para despejar varios interrogantes. La presencia del letrado de la empresa es imprescindible para los trabajadores porque desean saber con exactitud a qué escenario se enfrentan a partir de ahora y requieren al director financiero al objeto de que entregue un balance al día de la situación económica de la empresa. Luna reiteró que la empresa niega sistemáticamente la información que solicitan y recordó, por ejemplo, que la consejera delegada no ha querido entregarles ni el contrato del gerente, que cobra 7.500 euros brutos, ni los contratos de los asesores. Según Luna, la empresa se escuda en una supuesta vulneración de la Ley de Protección de Datos para desatender la demanda de ellos. El Comité insta a la dirección política a decir ya el modelo de gestión que planean para Inalsa porque en el fondo perciben un marcado interés por privatizarla.
Luna sostuvo que el Comité entiende perfectamente que la empresa necesita acometer un plan para sacarla del atolladero pero en ningún caso con la inyección de capital privado tal y como está contemplado en el Plan de Viabilidad en ejecución. Ante tal situación, el Comité pide la constitución una vez más de un gabinete de crisis.
