En la isla de Lanzarote no se están cubriendo las ratios de profesionales del Trabajo Social de las administraciones públicas por ciudadano. Esta situación de precariedad laboral perjudica a la ciudadanía que acude a los diferentes servicios públicos y también influye en las condiciones laborales de carga extrema que sufren los trabajadores y trabajadoras sociales. Así lo denuncian este miércoles desde el Colegio Oficial del Trabajo Social de la provincia de Las Palmas, colectivo desde el que recuerdan en un comunicado de prensa que la ratio de atención recomendada para los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento de los servicios sociales municipales "es de un profesional del Trabajo Social por cada 3.000 habitantes, siendo incluso lo pertinente que se baje dicha ratio ante los efectos de la pandemia a un profesional del Trabajo Social por cada 1.700 habitantes, o en los centros hospitalarios de un profesional del Trabajo Social al menos cada 40 camas".
La entidad profesional pide a las administraciones públicas "que se impliquen y realicen acciones para la ampliación de Relación de Puestos de Trabajo del colectivo de Trabajo Social". "Los responsables políticos suelen decir que realizar una convocatoria de plazas o de bolsa de empleo es muy complejo y al final mantienen la precariedad laboral utilizando empresas de trabajo temporal, aprobando convenios especiales o planes de empleo, en vez de la utilización de convocatorias públicas de empleo que garantizan la transparencia y la igualdad de oportunidades, y producen más estabilidad laboral", lamentan desde la Entidad.
Por ello, el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas solicita a las instituciones públicas lanzaroteñas “que se pongan de forma prioritaria en la tarea política para el refuerzo de los servicios públicos, que posibilite la atención a las demandas y necesidades actuales de la población, con políticas laborales que garanticen el personal suficiente y la estabilidad del empleo en un área como la de Servicios Sociales que tienen una demanda no sólo permanente sino creciente”.
El colectivo de Trabajo Social lanzaroteño recuerda que el artículo 29 del vigente estatuto de Autonomía que habla de los derechos en el ámbito de los Servicios Sociales señala que “todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales de responsabilidad pública”. Así lo pone de manifiesto la vocal por Lanzarote de la Junta de Gobierno de este Colegio profesional, María José Fernández García.
“La precariedad laboral y la falta de personal en las áreas de Servicios Sociales en las instituciones de Lanzarote provoca que este artículo no se esté cumpliendo, y el crecimiento de la demanda de estos servicios y de las colas para recibir comida o recursos en ongs tras la crisis provocada por la pandemia, está agravando la situación”, expone Fernández. “Creemos que la ciudadanía lanzaroteña tiene derecho a que sus demandas y solicitudes sean atendidas en tiempo, forma y con calidad. Y para ello también es fundamental que haya personal suficiente en condiciones de estabilidad”, apostilla.
