- Los nacionalistas aseguran que “ningún acuerdo que suponga una mejora económica para el consejero, posterior a su expulsión el 21 de septiembre, puede tener ya ninguna validez”
ACCEDA AL DECRETO DEL 5 DE NOVIEMBRE QUE RATIFICA LA DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE SOSA EN EL CABILDO.
La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ocultó al Pleno de la Corporación que Juan Manuel Sosa ya había sido declarado oficialmente tránsfuga, tal y como recoge el secretario general del Pleno en un informe del 5 de noviembre en el que afirma que, tal y como ha denunciado el Grupo de Coalición Canaria (CC), “se cumplen los requisitos extrínsecos y formales necesarios para la expulsión del consejero Juan Manuel Sosa Rodríguez de su grupo de procedencia (...)” y propone su consideración como “consejero no adscrito con los derechos y limitaciones que como tal le corresponden”. “Es decir, ha sido reconocido oficialmente como tránsfuga”. Así lo ha revelado este miércoles en nota de prensa el Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo.
De acuerdo a dicho informe, que los nacionalistas aportan junto a la citada nota de prensa, los derechos económicos y políticos de los tránsfugas “no pueden ser superiores a los que le hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia”. Así, el citado informe destaca que la condición de tránsfuga “lleva consigo la pérdida de beneficios económicos y de la infraestructura asociada al Grupo político, la imposibilidad de tener portavoz y, consecuentemente, de formar parte de la Junta de portavoces. Tampoco tendrá derecho a ningún local ni equipo necesario para su mantenimiento”.
De esta manera, tal y como apuntan desde el principal partido de la oposición en la Corporación insular, la presidenta “se saltó la obligación de dar cuenta al Pleno el pasado 5 de noviembre de la consideración de Sosa como tránsfuga”, es decir, no adscrito, “en un intento de hacer valer un decreto completamente extemporáneo”.
Y es que, en palabras de los nacionalistas, y siempre de acuerdo con el informe del secretario, “una vez que Sosa ostenta la consideración de no adscrito ya no podrá obtener el reconocimiento de dedicación exclusiva o parcial ni percibir del Cabildo retribuciones que antes no percibía, y Dolores Corujo es consciente de que en el decreto de su nombramiento como consejero del Gobierno en diciembre de 2019 no le otorgó dedicación exclusiva, algo que ya no puede hacer”.
Según denuncia el Grupo Nacionalista, la presidenta “también ocultó al Pleno y por su puesto a la opinión pública que Sosa ya no está cobrando de Sanidad desde que Función Pública comunicó que no le correspondía a la Comunidad Autónoma pagar ese salario”. “Esta es la prueba palmaria”, a juicio de CC, “de que Sosa no tiene derecho a cobrar de Sanidad”. “Porque si lo tuviese”, alegan, “la pregunta sería por qué le ha dejado entonces Sanidad de pagar.
En palabras del grupo CC-PNC en el Cabildo, la presidenta, “consciente de que sus intenciones (que el dinero indebidamente pagado lo devolviese el Cabildo, y que además el Cabildo le pagase su sueldo de médico a partir de ahora) se toparon con el reparo de legalidad de la Intervención, y de que el Gobierno ya no está pagando a Sosa, emitió inmediatamente tras el informe del secretario”, un nuevo decreto que “no es sino una vergonzosa y chapucera huida hacia adelante”.
Y es que, prosiguen desde el Grupo Nacionalista, el nuevo decreto de la Presidencia del 5 de noviembre de 2021 dice estar ratificando la resolución de diciembre de 2019 y su dedicación exclusiva con cargo al Cabildo de Lanzarote. “Dedicación que entonces no tuvo lugar, y por tanto no se puede ratificar lo que no existe, ni se puede adoptar ahora, porque el informe del secretario es taxativo cuando dice que la condición de tránsfuga es efectiva desde el momento en el que el Grupo Nacionalista notificó su expulsión, o sea, desde el 21 de septiembre de 2021, desplegando todos sus efectos desde entonces, de acuerdo con reiterada jurisprudencia”, advierten desde CC.
“El despropósito del decreto es tal”, alegan, “que la presidenta, consciente también de que Sanidad ha dejado de pagar a Sosa, poniéndose el parche antes que la herida, incorpora un segundo apartado a su decreto”. En éste reza textualmente que “en el supuesto de que la Administración Pública del Gobierno de Canarias modificara el contenido de la resolución de la Dirección General de Función Pública (…) se procederá (…) a adaptar el decreto de esta Presidencia de 30 de diciembre de 2019 a la nueva resolución”. Para CC, se trata de “una propuesta digna del propio Groucho Marx”. “Estos son mis principios y, si no le gustan, tengo otros”, señala el portavoz adjunto de CC-PNC, Pedro San Ginés.
En cualquier caso, anuncian, ““ya hemos enviado escrito tanto al secretario como a la interventora advirtiendo que ningún acuerdo que suponga una mejora de las condiciones económicas del consejero, posterior a su expulsión el 21 de septiembre, puede tener ninguna validez”, recalca San Ginés.
