viernes 20/5/22
Dicen que mientras el ‘Pacto de las flores’ promueve la concertación de servicios de dependencia con ONGs, la presidenta del Cabildo de Lanzarote los privatiza

CC y PP solicitan un pleno extraordinario para que Corujo pare la licitación de los servicios que presta ADISLAN

La petición conjunta se produce después de los cambios sustanciales que se establecen con la publicación del Reglamento del concierto social el pasado 13 de enero

Imagen de archivo de un pleno celebrado en el Cabildo de Lanzarote.
Imagen de archivo de un pleno celebrado en el Cabildo de Lanzarote.

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) y el Grupo del Partido Popular (PP) en el Cabildo Lanzarote han solicitado este miércoles la celebración de un pleno extraordinario para que se adopte el acuerdo de desistir de la licitación ordinaria de los servicios que presta a día de hoy ADISLAN (Asociación de personas discapacitadas de Lanzarote) y se acoja a la concertación social recientemente publicada para la prestación de este tipo de servicios de dependencia, tal y como estaba previsto en la Ley de Servicios Sociales.

Así, según explican ambas formaciones en una nota de prensa conjunta, esta ONG, declarada de interés público, tendría las mismas opciones que el resto de ONGS del tercer sector en Canarias, para poder continuar con el servicio que desde hace más de medio siglo viene ofreciendo a la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa.

Según recuerdan nacionalistas y populares en su moción, el Gobierno de Canarias aprobó a finales del pasado mandato la Ley de Servicios Sociales, pendiente entonces de desarrollo reglamentario, donde en una disposición adicional ya se preveía que los colectivos y ONGs que han venido durante décadas trabajando con el llamado tercer sector, pudieran seguir prestando ese servicio sin que necesariamente hubiese que recurrir a un concurso público ordinario, por razones de cercanía, conocimiento, experiencia y calidad en la prestación de los servicios. A dicha disposición se acogieron todos los cabildos de Canarias salvo, curiosamente, el de Lanzarote.

Fue a principios de este año, concretamente 13 de enero, cuando se publicó en el BOC el Decreto 144/2021, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del concierto social en el ámbito de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin que el Cabildo de Lanzarote parezca haberse enterado.

Precisamente, el soporte normativo que ofrece el decreto es lo que sustenta la petición conjunta para que la primera institución desista del procedimiento de licitación ordinaria de los servicios que desde hace décadas viene prestando ADISLAN.

Y es que, con total falta de consideración hacia AFA (Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer) primero y hacia ADISLAN después, la institución que dirige la socialista Mª Dolores Corujo ha optado por sacar a concurso la gestión de ambos servicios, habiendo adjudicado ya el primero de ellos, y está trabajando para la inminente licitación del segundo, en una deriva de mercantilización de la prestación de los servicios sociales que en Lanzarote presta el tercer sector, totalmente contraria al espíritu de la Ley. Y lo que es peor, a la calidad del servicio por la que debería velar la administración.

Es decir, tal y como denuncian el Grupo Nacionalista y el Grupo Popular, mientras en Canarias el ‘Pacto de las flores’ (PSOE-NC-Podemos-ASG) promueve y presume de la concertación con ONGs en desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, en Lanzarote, la presidenta del Cabildo insular, Dolores Corujo, privatiza los servicios de dependencia.

Ahora, tanto CC como PP en el Cabildo de Lanzarote se cuestionan qué decisión tomará Podemos, socio de gobierno del PSOE tanto en el Ejecutivo canario como en el Cabildo insular, respecto a lo que se solicita en el pleno extraordinario y la postura de la presidenta socialista.

“Siendo un pacto del mismo color sorprendería que la formación morada en Lanzarote, que tanto presume de progresismo, diálogo y consenso, permitiera a la presidenta Dolores Corujo, que no se ha dignado ni a recibir a las ONGs afectadas, continuar mercantilizando la prestación de servicios sociales en la isla”, apuntan.

“¿No tendrían nada que decir al respecto la titular del Área de Derechos Sociales, Noemí Santana, la parlamentaria por Lanzarote María del Río o la propia organización en la isla?”, se preguntan las formaciones firmantes de la solicitud de pleno extraordinario.

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