Fotos: Dory Hernández
Pedro San Ginés, Jesús Machín y Mario Pérez durante su comparecencia este viernes en la sede del partido.
Coalición Canaria (CC) ha registrado este viernes un escrito dirigido a la presidenta del Cabildo dándole cuenta de un informe jurídico encargado por el partido que expone los motivos por los que la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de 27 de marzo de 2009, que ratifica la condena a Inalsa por el caso Janubio, es nula. La fuerza nacionalista, convencida de que la salida para la empresa pública no es concretar un acuerdo con la UTE Edam que le lleve a pagar 2,5 millones de euros, insta a la Primera Corporación insular a recurrir el fallo cuanto antes ya que el plazo de presentación del recurso vence el próximo 27 de abril. Jesús Machín, Mario Pérez y Pedro San Ginés comparecieron ante la prensa para informar sobre la iniciativa de CC. El informe de Ricardo Alonso García, catedrático en Derecho Administrativo y Comunitario de la Complutense de Madrid, concluye que la decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas de inaplicar el derecho comunitario, sin haber planteado previamente la cuestión prejudicial prevista en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, supone desconocer las garantías que integran el contenido del proceso debido, una infracción que el jurista tilda de “flagrante del sistema de fuentes”, y en consecuencia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. San Ginés precisó que la Audiencia debió plantear el conflicto ante el Tribunal de la Unión Europea ante de dictar sentencia.
Recurso viable
El informe jurídico dice que frente a la sentencia de la Audiencia cabe, y debe ejercitar, el incidente de nulidad de actuaciones ante la propia Audiencia y que la misma debería estimar el recurso, “dada la evidencia de la infracción”, procediendo a reponer las actuaciones a los efectos de elevar la cuestión prejudicial pertinente al Tribunal europeo. En caso contrario, subraya el informe, queda explícita la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, “por infracción del derecho a la tutela judicial”.
El laudo debió ser declarado nulo
Ya lo había dicho el Consejo Consultivo de Canarias y ahora lo confirma el informe de Ricardo Alonso: el laudo dictado que condena a Inalsa al pago de una indemnización cercana a los 10 millones de euros debió ser declarado nulo “por infringir de forma palmaria el orden público comunitario”. Este hecho supone que el contrato suscrito entre Inalsa y la UTE violó la Directiva comunitaria sobre procedimientos de contratación en lo referente a principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación.
“No saben qué hacer con Inalsa”
La suspensión del Consejo de Administración de la empresa que debió celebrarse este jueves es para CC una muestra más de que el grupo de gobierno del Cabildo no sabe qué hacer con Inalsa. En el orden del día estaba previsto el debate sobre los últimos acontecimientos del caso Janubio como también el Pleno de la Corporación deberá discutir una moción de CC relativa al mismo asunto. Mario Pérez aseguró, sin entrar en las posibles fisuras de los socios de gobierno, que el pacto PIL-PSOE no es coherente y aseguró que las vías de solución que plantea CC para Inalsa pasan por mantener la titularidad pública de la producción y distribución de agua en la Isla. Jesús Machín y Pedro San Ginés exigieron a Manuela Armas emprender de inmediato las acciones jurídicas pertinentes que permitan a la empresa respirar mejor.
