Si hace unos meses se supo que la justicia sentenció como ajustada a derecho la resolución del actual Gobierno de Canarias que anuló las realizadas por el de Ángel Víctor Torres por ilegales, obligando a Juan Manuel Sosa a devolver los 300.000 euros que durante años cobró de manera ilegal para mantener a Dolores Corujo en la presidencia del Cabildo de Lanzarote, Coalición Canaria (CC) asegura que recientemente ha sabido del verdadero propósito del decreto prevaricador que ésta firmó en noviembre de 2021 para mantenerse en la Presidencia, "comprando con fondos públicos la voluntad del consejero tránsfuga, que gustosamente la vendió".
Los nacionalistas aseveran que Corujo incluso solicitó y obtuvo el informe del órgano económico del Cabildo, que certificó la existencia de crédito hasta final de ese año para que fuese el Cabildo quien pagase el sueldo de Sosa como médico de 42.045 euros para los meses que restaban de ese año 2021, no como el del resto de consejeros.
"Y es que dicho Decreto de 2021 que pretendía confirmar la dedicación exclusiva con cargo al Cabildo de Lanzarote que nunca había tenido lugar, y por tanto resultaba imposible de confirmar lo nunca firmado, no tenía un propósito inocuo, sino que se trató de una arbitraria resolución administrativa de Dolores Corujo, elaborada a sabiendas de ir en contra de los informes de Intervención, que ya habían reparado sus pretensiones por ilegales", remarcan.
El propósito ahora acreditado era el de intentar dotar de cobertura formal a una situación inexistente, para que fuera utilizada por el tránsfuga si algún día perdían los Gobiernos de Canarias y el Cabildo, y se confirmaba la trama delictiva denunciada por Coalición Canaria durante toda la legislatura, como finalmente ocurrió tras la caída de del Gobierno de Ángel Víctor Torres que le dio cobertura.
“Nuevo hecho documental”
Y es que ha trascendido que casi a final del mandato pasado, concretamente el 30 de marzo de 2023, la Dirección General de la Función Pública emitió el informe adjunto (DOC 2), en virtud del cual la propia Administración autonómica reconocía retrospectivamente que el Decreto de Corujo fue considerado entonces un “nuevo hecho documental” y que su contenido fue tenido en cuenta para modificar sus resoluciones y la fundamentación jurídica de la situación administrativa de Juan Manuel Sosa Rodríguez.
Concretamente, el informe refiere que “hasta ese decreto de Corujo, de la documentación obrante en Función Pública se entendía acreditado que el consejero tránsfuga Sosa no percibía retribución fija ni periódica del Cabildo y que no ostentaba dedicación exclusiva, (entiéndase con cargo al Cabildo, cosa que nunca tuvo) circunstancia expresamente certificada por la Secretaría General del Pleno. Frente a esa realidad documental, el Decreto n.º 2021-5684 de Corujo le reconoció y asumió retrospectivamente que el interesado venía desempeñando el cargo con dedicación exclusiva desde el 30 de diciembre de 2019, lo cual era falso como ya hemos dicho.
Falsa afirmación retrospectiva
CC dice que lo cierto es que la falsa afirmación retrospectiva de dedicación exclusiva, contenida en el Decreto de Corujo, fue utilizada por el gobierno de Ángel Víctor Torres para alterar la fundamentación jurídica de la situación administrativa y retributiva de Juan Manuel Sosa de manera ilegal. Y si bien todos esos fundamentos jurídicos y sus resoluciones fueron finalmente anuladas, ello no convierte en inocuo el Decreto de Dolores Corujo, ni elimina la relevancia de los efectos que pretendió producir. Al contrario, demuestra que la afirmación de dedicación exclusiva retrospectiva fue utilizada para alterar una situación administrativa y retributiva a sabiendas de que mentía y sigue mintiendo.
"En todo caso, una de dos: o Sosa no tenía dedicación exclusiva y por eso sí tenía derecho a cobrar las asistencias y dietas de pleno y comisión, o si diéramos por bueno que sí tenía dedicación exclusiva desde el 30 de diciembre de 2019 (que no lo damos) como pretende el Decreto, no podía percibir asistencias desde entonces y debió promoverse bien su inmediata supresión cuando según ella lo liberó en 2019, o bien proponer la devolución de las dietas indebidamente satisfechas cuando en 2021 decretó su dedicación exclusiva retrospectiva. Pero no hizo ninguna de las dos cosas y no resulta coherente sostener simultáneamente ambas realidades", insisten.
Decreto prevaricador
"Pero lo realmente revelador e ilustrativo del verdadero propósito de Dolores Corujo con su decreto prevaricador, es que hemos conocido el documento judicial que revela cómo Sosa ha presentado el Decreto de Corujo en los juzgados para hacer valer los derechos que cree tener y que sea el Cabildo quien se haga cargo de los 300.000 euros que debe al Gobierno de Canarias por engañarlo con la complicidad de Dolores Corujo y el entonces presidente Ángel Víctor Torres. Es decir, su escrito confirma que el Decreto 2021-5684 no era inocuo, cuando la propia defensa de Sosa lo considera de “trascendental importancia” para invocar su supuesto derecho al cobro de haberes, evidenciando una clara alineación de intereses entre Sosa y Corujo para que el dinero que el primero tendrá que devolver, saliera del bolsillo de todos los lanzaroteños", remarcan por último.
