lunes 16/5/22
Afirman que los documentos que presentó De la Hoz no le fueron facilitados por el Ejecutivo autonómico sino por San Ginés, que tuvo acceso a través de la Secretaría del Cabildo

El Grupo Nacionalista asegura que ha desenmascarado al consejero de Función Pública y éste a Dolores Corujo

“Si el consejero insiste en sede parlamentaria que es el Cabildo quien debe pagar a Sosa los 125.000 euros indebidamente abonados, ¿cómo explica que sea el Gobierno de Canarias quien siga pagando la nómina del consejero tránsfuga?”, alegan desde CC-PNC

-Los nacionalistas tachan de gravísimas las acusaciones de “extorsión, persecución infame e indecente acoso” vertidas por Corujo, “reflejo de quien se sabe acorralada y cómplice de un escandaloso contubernio por el que antes o después tendrán que rendir cuentas”

En respuesta a la última nota de prensa enviada por el Partido Socialista (PSOE) sobre el controvertido ‘caso Sosa’, el Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote afirma en un comunicado de prensa remitido a este diario que si alguien ha faltado y sigue faltando a la verdad es el propio consejero de Función Pública, Julio Pérez, y la presidenta, Dolores Corujo, puesto que los documentos que presentó el parlamentario nacionalista David de la Hoz no le fueron facilitados desde el Área que dirige Pérez, sino que fue Pedro San Ginés, portavoz adjunto de los nacionalistas en la Primera Institución insular, quien tuvo acceso a ellos a través de Secretaría del Cabildo.

“Es muy grave que en los tres informes de Función Pública existentes sobre el caso en cuestión, que coinciden en que no es el Gobierno de Canarias quien debe pagar el sueldo del consejero tránsfuga sino el Cabildo de Lanzarote, se oculte en todo momento la resolución del 20 de abril de 2020 a la que ahora hacen referencia tanto la presidenta del Cabildo, como el consejero de Administraciones Públicas, cosa lógica porque dice lo contrario que los informes”, indican desde CC-PNC en la enésima nota de prensa sobre el referido ‘caso Sosa’.

Según los nacionalistas, “se trata de una resolución que nadie había visto, porque ha permanecido oculta hasta hoy y que, al parecer, ahora resulta que es la que faculta al tránsfuga su pase a servicios especiales”.

No obstante, a juicio de CC-PNC, la gran pregunta sin responder es la siguiente: “si el consejero insiste en sede parlamentaria que es el Cabildo quien debe pagar a Sosa los 125.000 euros indebidamente abonados, ¿cómo explica que sea el Gobierno de Canarias quien siga pagando la nómina del consejero tránsfuga?”

CC-PNC considera “inaudito que la presidenta insista en que el informe del secretario no sentencia la condición de tránsfuga y no adscrito del consejero”. “Si no fuera así, ¿cómo explica Corujo que Juan Manuel Sosa haya pedido judicialmente la suspensión cautelar de su condición de tránsfuga dictaminada por la Secretaría y a quién pretende engañar?”, cuestionan.

Por todo ello, los nacionalistas exigen depuración de responsabilidades y que el Ejecutivo canario y el Cabildo de Lanzarote “dejen de pasarse la papa caliente sobre quién, cómo y de qué manera se debe pagar el sueldo de un tránsfuga, porque los tránsfugas no tienen derecho a sueldo”.

Asimismo, tachan de “gravísimas” las acusaciones de “extorsión, persecución infame e indecente acoso” vertidas por la presidenta, María Dolores Corujo hacia Coalición Canaria y el propio David de la Hoz. “Expresiones”, apostillan, “que no son sino el reflejo de quien se sabe acorralada y cómplice de un escandaloso contubernio por el que antes o después tendrán que rendir cuentas”.

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