Coalición Canaria (CC) responsabiliza al alcalde Óscar Noda de la parálisis urbanística que se avecina en el municipio tras conocerse la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que anula en su totalidad el Plan General de Ordenación (PGO) Supletorio de Yaiza, aprobado en 2014.
La formación nacionalista acusa este miércoles en nota de prensa al grupo de gobierno de Unidos por Yaiza (UPY) de dejación absoluta de funciones y de haber gestionado con despreocupación e ineficacia un asunto de vital importancia para el presente y futuro del municipio, lo que supone una grave negligencia política.
Asimismo, recuerda que Óscar Noda ha conocido el contenido de este fallido Plan General desde sus orígenes cuando formaba parte del grupo de gobierno en su etapa de concejal, y que una vez ya siendo alcalde, conocía a la perfección las más de 20 alegaciones que se presentaron al documento.
En este sentido, el secretario local de CC, Mateo Ramón, considera “gravísimo” que el alcalde “se haya limitado a esperar desde 2022 por una sentencia que todo el mundo sabía que podía salir en contra de los intereses municipales, sin haber avanzado en la redacción de una alternativa de planeamiento urbanístico”
“Óscar Noda ha preferido dejar pasar el tiempo, confiando en que el Tribunal Supremo le diera la razón, en lugar de adelantarse con una solución. El resultado es que hoy Yaiza no tiene plan y tampoco tiene hoja de ruta”, sentencia Mateo Ramón.
Retroceso de 50 años
Por su parte, el portavoz municipal de la formación nacionalista canaria, Emilio Machín, alerta de las consecuencias prácticas que supone este revés judicial: “Con esta sentencia, volvemos a la normativa urbanística de 1973. Un retroceso de medio siglo que impide ordenar de manera racional el crecimiento de Yaiza dándose el caso de que núcleos urbanos ya consolidados como Femés, Las Breñas o La Degollada vuelvan a ser considerados ahora asentamientos rurales”.
“No es solo un problema técnico, es un freno al desarrollo económico, al derecho a la vivienda, a las inversiones y a la planificación ordenada del municipio. La falta de planificación bloquea la posibilidad de responder a los retos actuales en materia de infraestructuras, movilidad, sostenibilidad y servicios públicos”, añade Machín.
CC advierte que la nulidad total del PGO Supletorio supone “una pérdida de seguridad jurídica para vecinos, promotores y empresas”, y reclama al grupo de gobierno de UPY que asuma responsabilidades y ponga en marcha, de forma inmediata, un proceso participativo y transparente para la elaboración de un nuevo instrumento de ordenación”.
