El Cabildo de Lanzarote asume la elaboración de informes para el reconocimiento del grado de discapacidad en la isla
El Pleno del Cabildo de Lanzarote, celebrado este martes, ha aprobado la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias por la cual el Cabildo lanzaroteño asumirá, a partir de ahora, la elaboración de los informes psicológicos y sociales que servirán de base para el dictamen técnico de reconocimiento del grado de discapacidad de las personas residentes en la isla.
Esta actuación, de carácter material y técnico, será financiada íntegramente por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo regional, que destinará un total de 181.305 euros al desarrollo de estas tareas. Este convenio permitirá acercar la atención especializada a la población de Lanzarote, evitando desplazamientos a otras islas y agilizando los procedimientos administrativos relacionados con la valoración del grado de discapacidad, en cumplimiento del Real Decreto 888/2022, que establece los baremos y regula de forma unificada este proceso en todo el territorio nacional.
“Este acuerdo supone un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Lanzarote, facilitando el acceso a derechos, recursos y ayudas en igualdad de condiciones”, ha manifestado este martes en nota de prensa el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña.
“Nuestro compromiso es reforzar la red de atención social con personal cualificado, que prestará sus servicios desde la isla, con mayor cercanía y agilidad en los procesos. Se trata de una medida concreta que repercute directamente en el bienestar de las personas más vulnerables”, añadió.
Un equipo profesional especializado desde Lanzarote
En virtud de este acuerdo, el Cabildo será responsable de seleccionar y gestionar el equipo técnico encargado de emitir los informes requeridos. El personal estará compuesto por dos Trabajadores Sociales y un psicólogo, que serán contratados a jornada completa para el desarrollo de las funciones encomendadas. Las tareas estarán directamente supervisadas por la Dirección General de Discapacidad del Gobierno de Canarias, y se realizarán en coordinación con el Centro de Valoración de la Discapacidad de Las Palmas de Gran Canaria, órgano competente en esta materia.
“En definitiva”, concluye el consejero de Bienestar Social, “este convenio representa una actuación estratégica para descentralizar y optimizar los servicios sociales en Lanzarote y La Graciosa, facilitando así el ejercicio de derechos fundamentales a las personas con discapacidad desde su propio entorno insular, sin necesidad de desplazarse a otras islas”.