Insular de Aguas de Lanzarote, S. L. (INALSA) ha informado este martes a primera hora en la séptima nota de prensa sobre el mismo asunto que sale del Cabildo de que la apropiación de las costas judiciales por parte del abogado Ignacio Calatayud constituye una práctica irregular toda vez que el derecho a percibir las mismas corresponde al cliente y no a su abogado, hasta el punto de que en caso de que se apreciase una apropiación indebida de dichos fondos el código penal castiga esa conducta con penas que pueden llegar a los seis años de cárcel, dado el elevado importe de las cantidades embolsadas.
El Cabildo señala en su nota que en el caso de INALSA, dada la situación de concurso en que se encontraba la empresa (en suspensión de pagos), las costas procesales tienen la consideración legal de crédito a favor de la masa activa, por lo que no podían quedar a la libre disposición de San Ginés, y tenían que destinarse a pagar parte de la deuda a los acreedores, pero el acuerdo verbal a que San Ginés llegó con su amigo ha permitido hasta el momento que Calatayud se haya quedado con todo el dinero, sin reintegrar a la empresa ninguna cantidad, una circunstancia aún más grave al tratarse de créditos en favor de una empresa pública y, en consecuencia, fondos públicos.
Los integrantes de la empresa pública consideran muy grave lo ocurrido con el dinero de las costas procesales a favor de la sociedad. “En primer lugar, porque la participación de Calatayud en los incidentes concursales responde a encargos verbales de San Ginés, ya que no existe ningún expediente de contratación o designación que le faculte para representar a la empresa pública, pues el contrato formalizado por su amigo-presidente excluyó expresamente los incidentes del objeto del contrato. En segundo lugar, tampoco existe instrucción o acuerdo alguno autorizando al amigo de San Ginés a quedarse con todo el dinero de las costas procesales a favor de la empresa, más allá de las insostenibles manifestaciones de Pedro Martín Toledo, uno de los tres antiguos administradores, que ha señalado a petición de Calatayud que existía un acuerdo por el cual “si se perdía el proceso no tenía coste para INALSA, si se ganaba con costas, el pago lo asumía la parte condenada en costas”, algo que no consta a la empresa porque no existe ningún documento que acredite la existencia de ese supuesto acuerdo”, subrayan.
“En todo caso la estrategia urdida por los dos amigos, San Ginés y Calatayud, permitió que el letrado se personara de manera irregular en los procedimientos y se apropiara de 800.000 euros que deberían haber ido destinados al pago de las deudas de INALSA, en un momento en que, además, la empresa se encontraba en suspensión de pagos en plena crisis económica”, denuncian.
El amigo de San Ginés cobró casi el doble que los administradores concursales
“Tan gravosas para INALSA fueron las condiciones supuestamente pactadas con Calatayud, que llegaron al extremo de que los honorarios del letrado amigo del expresidente superaron incluso los de los administradores concursales cuyos honorarios, fijados por la ley, se usan para determinar el límite de lo que corresponda al letrado de la concursada por toda la tramitación del concurso. Hay que tener en cuenta que los administradores concursales intervinieron en todos los incidentes (más de 20) y realizaron funciones de administración, control económico y asistencia jurídica”, argumentan desde el Cabildo. “Unas tareas, las desempeñadas por los administradores, que son muy superiores a las que corresponden al abogado de la empresa concursada. Además, Calatayud solo intervino en cinco incidentes y se incorporó al concurso cuando ya estaba en tramitación con el trabajo previo realizado por el anterior abogado, a pesar de lo cual cobró la fase común íntegramente, sin descontar los honorarios abonados por el trabajo anterior”, recuerdan.
“Calatayud, gracias a Pedro San Ginés, no solo se embolsó 800.000 euros de costas procesales que correspondían a INALSA en esos incidentes, sino que también se quedó con los 156.000 euros de la fase de concurso y ahora reclama otros 82.000 euros por un nuevo incidente”, señala por último la institución en su nueva nota de prensa.
