La bodega Stratus puede abrir de nuevo sus puertas al público
La bodega Stratus ha cerrado este lunes uno de los muchos culebrones político-judiciales en los que está envuelta en los últimos años. Quizás, como entienden desde la empresa que gestiona el centro, uno de los más importantes: la clausura. La satisfacción viene provocada tras conocer que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha rechazado los recursos presentados por la organización Transparencia Urbanística y por la Fiscalía contra la decisión de levantar la medida cautelar de cierre.
Una medida cautelar de cierre notablemente dura que se ha prolongado durante más de cuatro años, hasta que el pasado mes de diciembre fue la propia Audiencia Provincial la que decidió terminar con la polémica decisión para que pudiera abrir al público mientras se celebraban los juicios que tenía pendiente. De hecho, los tres magistrados que avalan el nuevo auto, Emilio Moya como presidente, Salvador Alba y Carlos Vielba, hacen notable hincapié en su resolución en el tiempo transcurrido y en lo insólito que resultaría que una vez acabada la instrucción de un caso no se llevara a efecto el final de una medida cautelar que ya no tiene sentido ninguno cuando se está a la espera de un primer fallo sobre el procedimiento global.
Sorprendentemente para la propiedad, tanto Transparencia Urbanística como la Fiscalía recurrieron la decisión, y se formó un nuevo lío mediático en el que salió a relucir el nombre del juez que ordenó el desprecinto, que no es otro que Salvador Alba. Todo como consecuencia de su pelea pública con la jueza Victoria Rosell, que llegó a ser diputada nacional por unos meses con Podemos. Ahora, la Sala argumenta de nuevo el porqué de la medida, y lo hace de forma contundente.
El auto califica de "aventurado" el hecho de que los recurrentes estuvieran sorprendidos por el cambio de criterio al ordenar el desprecinto. Y lo hace porque precisamente el cambio de criterio se produce por el cambio de circunstancias. "No podemos negar que las circunstancias han cambiado notablemente. La instrucción ha concluido, han transcurrido casi cuatro años, y el juicio oral está próximo a celebrarse", resalta la Sala.
Desde la dirección de la bodega se han sentido en todo este tiempo perseguidos, al entender que se ha sido muy injusto en el trato informativo y judicial que se ha dado al caso, puesto que no se ha abordado como se ha abordado el de otras bodegas en similares condiciones. A pesar de todo, creen que aunque un poco tarde finalmente "se ha hecho justicia".