La Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado los recursos interpuestos por Juan Manuel Sosa Rodríguez, archivando de manera definitiva su denuncia por coacciones y amenazas contra Pedro San Ginés, ampliada después por falsedad documental contra todos los consejeros de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Lanzarote. La resolución judicial confirma la inexistencia de indicios delictivos y pone fin a este proceso iniciado por el polémico galeno en 2021. De esta manera, además, se pone fin a uno de los más bochornosos casos de transfuguismo de los muchos que ha habido en Lanzarote, el paso del portavoz de los nacionalistas a las filas del Gobierno que presidía la socialista María Dolores Corujo para evitar que la pudieran presentar una moción de censura cuando todavía gobernaba con el Partido Popular (PP). Es otro varapalo más de la justicia al doctor que además está metido en un tremendo lío toda vez que cuando se transfugó le mantuvieron liberado cobrando su sueldo del Servicio Canario de Salud sin darse cuenta de que eso no lo permitía la ley, toda vez que perdió la condición de portavoz. Como mucho, podría haber cobrado el sueldo de consejero de Sanidad que ostentó, una diferencia abismal que en CC han cifrado en más de 300.000 euros.
Tras conocerse el auto, los nacionalistas han manifestado en una nota de prensa enviada a este diario que “la justicia es lenta, pero finalmente se ha demostrado que CC siempre actuó correctamente". "Fue el tránsfuga quien, además de abandonar la disciplina de su grupo, cobró casi 300.000 euros de manera indebida durante tres años y medio. Y aún así, se permitió denunciar al grupo político al que había traicionado”, remarcan.
De esta manera, recuerdan que durante el polémico mandato anterior Juan Manuel Sosa fue expulsado de su grupo político tras transfugarse desde CC al Gobierno insular. La denuncia de Sosa incluía acusaciones por coacciones y amenazas contra Pedro San Ginés, cabeza de lista de CC, y contra todos los consejeros del partido por falsedad documental. Sin embargo, ambas denuncias fueron archivadas.
A pesar de las reiteradas decisiones judiciales en su contra, Juan Manuel Sosa recurrió varias veces el archivo de su denuncia. Entre sus intentos, solicitó que se autorizara el volcado y análisis de los discos duros de los ordenadores del grupo político de CC en un intento de encontrar pruebas que respaldaran sus acusaciones.
Sin embargo, tanto esta solicitud como su apelación han sido definitivamente rechazadas por la Audiencia Provincial, reafirmando la inexistencia de los indicios delictivos denunciados, en dos autos de rechazo a las pretensiones de Sosa fechados en el día de ayer, miércoles 11 de septiembre.
En estos últimos autos, además de desestimar el recurso de apelación, la Audiencia Provincial ha impuesto las costas procesales a Juan Manuel Sosa, si las hubiera. Esta decisión refuerza la contundencia del fallo y subraya la ausencia de fundamento en sus acusaciones.
Con estas últimas resoluciones, contra las que “no cabe recurso alguno”, según reza en las mismas, la justicia ha cerrado definitivamente el caso, ratificando la legalidad de las actuaciones de Coalición Canaria.
“Esto deja claro que la voluntad de los consejeros de CC siempre fue transparente y ajustada a la legalidad, ahora solo queda que Juan Manuel Sosa devuelva a las arcas públicas los cerca de 300.000 euros que el Gobierno le debería reclamar”, concluyen los nacionalistas.
