La Audiencia Nacional ha dictado sentencia condenando al Gobierno central a abonar cerca de 30.000 euros a la compañía Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y a su filial Servicios y Procesos Ambientales, en la actualidad denominada Aqualia, por unas obras que se ejecutaron en Lanzarote hace más de diez años.
La constructora reclamó a los tribunales después de que el Ejecutivo central desestimara su solicitud de pago de intereses de demora por el retraso en el abono de las certificaciones de obra presentadas en el Ministerio de Medio Ambiente por unos trabajos efectuados en la Isla.
En concreto, por el proyecto y ejecución de obras de depuración y reutilización de aguas en Lanzarote, que se adjudicaron a FCC en octubre de 1999, por un modificado del proyecto, autorizado dos años después y por un tercer contrato de obras complementarias, suscrito en agosto de 2002.
