El Partido Popular (PP) de Lanzarote ha denunciado este lunes la política de contratación que está llevando a cabo el grupo de gobierno (CC-PSC) del Cabildo insular de Lanzarote, llena de amiguismos y de contrataciones a dedo, además de despilfarro del dinero público, según ha asegurado en Crónicas Radio la presidenta popular en la Isla y consejera del Cabildo, Ástrid Pérez.
Este fin de semana el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha desmentido “por falsas” las acusaciones del Partido Popular sobre la política de contratación del actual grupo de gobierno y el supuesto incumplimiento de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 por superar los 3 millones de euros en contrataciones temporales. San Ginés ha aclarado que “la Ley sí permite contratar en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables sin ningún tipo de limitación.
Sin embargo, y en respuesta, la propia presidenta insular del PP en Lanzarote, Ástrid Pérez, ha advertido este lunes en el programa ¡A Buena Hora' de Crónicas Radio de los nulos argumentos esgrimidos por el presidente del Cabildo en el comunicado con el que Coalición Canaria trata de desmentir las acusaciones de la oposición sobre los gastos por contrataciones temporales de personal.
"No es más que un engaño más de Coalición Canaria Las contrataciones que se están produciendo en el Cabildo insular de Lanzarote son desmesuradas", expresa. "Se están gastando el dinero de emergencia social, del centro de día de Alzheimer, el dinero para la gente que está pasando hambre de verdad, única y exclusivamente en políticas de enchufismo", ha dicho. Además, precisa que "en algunos casos las personas que incorporan ni siquiera tienen la cualificación necesaria para hacer el trabajo que se les ha encomendado, y en otros el personal contratado ni trabaja; está sumamente aburrido porque no hace nada pues no hace falta". A su juicio, "se trata simplemente de enchufar por enchufar, no solamente a familiares sino también por intereses partidistas", ha denunciado.
Amiguismos y contrataciones a dedo
El PP habla de amiguismos y de contrataciones a dedo. De hecho, en el informe de Intervención sobre el estado de la Cuenta General, se asegura que "el número de contrataciones temporales es muy elevado, superando su importe en el 2011 la cuantía de 3.024.436,21 euros, contradiciendo lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, que establece que no se procederá a la contratación de personal temporal, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables". Al respecto, Ástrid Pérez comenta que "cuando nosotros hemos gestionado el empleo, lo hemos dado a los desempleados reales de nuestra isla, y no a los amiguitos y a la familia. Tenemos un convenio con el Gobierno de Canarias, que recibe el dinero del Gobierno de España y nos hace una transferencia al Cabildo y a los ayuntamientos para poder contratar, pero esas personas que está contratando el Cabildo no se computan como personal eventual. El propio secretario del Cabildo lo asegura, es otro engaño y otra mentira más de Coalición Canaria", ha dicho.
El PIL, por su parte, también denunciaba el pasado viernes que continúan entregándose gratificaciones y complementos por productividad. En este sentido, el propio informe de Intervención señala que "no se encuentran establecidos por el Pleno de la Corporación los criterios objetivos para la asignación individual del complemento de productividad". Y recomienda que "deben fijarse dichos criterios".
Contratos por 18.000 euros
El PP ha recordado que CC criticó y mucho al PSOE y a la que fuera presidenta del Cabildo Manuela Armas por realizar en su día contrataciones de 30.000 euros. Ahora el PP denuncia que se están dando adjudicaciones de contratos limitados hasta los 18.000 euros, con lo que el grupo de gobierno presidido por Pedro San Ginés estaría evitando cumplir con los preceptos de la normativa legal.
Ástrid Pérez arremete también contra las adjudicaciones "a dedo" que está realizando el Gobierno insular. En este sentido, sostiene que el grupo de gobierno está realizando contrataciones fragmentadas en contratos de 18.000 euros "para saltarse la ley y no tener que convocar concursos públicos". "Es gravísimo y ya lo planteamos cuando estábamos en el Gobierno y yo aún era vicepresidenta. Le plateamos al presidente y a Coalición Canaria en muchísimas ocasiones que se estaba contratando fuera de la legalidad. Si se le contratan servicios o productos a una empresa determinada, hay que hacer un concurso público o un procedimiento de negociado, pero lo que no se puede hacer es fraccionar las cuentas para hacer diferentes tipos de contratos menores. Con eso lo que evitan es ir a concurso y que lo gane una empresa libremente. Con esto lo que intentan es dirigir y darle el trabajo solo y exclusivamente a los amigos, a las familias y a la gente del partido, fundamentalmente de Coalición Canaria. Eso no es legal", ha advertido.
En el informe de la interventora, de hecho, se dice literalmente que "nos encontramos con numerosos proveedores que han facturado al Cabildo más de 18.000 euros (límite del contrato menor) y no consta la tramitación de expediente de contratación alguno (Algubos de estos importes por el mismo objeto son muy elevados, tales como gastos en farmacia, agencias de viajes, limpieza, etcétera). Para todos estos gastos no se ha tramitado procedimiento de contratación alguno, que cumpliendo los principios de publicidad y libre concurrencia, permita adjudicar los correspondientes servicios y suministros en condiciones más favorables para la Corporación, con el consiguiente ahorro" que habría que esperar.
Las críticas del PP se fundamentan en lo que recoge el informe de Intervención en su página 12. "Mediante la práctica de utilizar numerosos contratos menores se estaría incurriendo en el fraccionamiento de lso contratos, práctica expresamente prohibida por el artículo 74.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dispone que 'no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan", dice el informe, que también aconseja "constituir una Junta Central de Compras y Contratación, que trabajen conjuntamente, no que para evitar hacer pliegos y procedimiento se recurra asiduamente al negociado de Compras".
Demoledor informe de Intervención
El propio informe de la interventora advierte de que en las Cuentas Generales del Cabildo no se incluyen las cuentas de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s), a pesar de los "múltiples requerimientos con carácter conminante de esta Intervención de Fondos para que se presenten las Cuentas del Ente Público Empresarial de los Centros desde el ejercicio 2007". La Intervención del Cabildo tiene también en cuenta que el último inventario de bienes de la Corporación se realizó en el año 2005, con lo que no puede computar este tipo de datos, ni siquiera las amortizaciones, pues "no está a disposición de esta Intervención la base amortizable neta".
En cuanto a los gastos corrientes y servicios, señala el informe que "en numerosas ocasiones se incumple lo establecido en la Base de Ejecución del Presupuesto nº17, donde se piden 3 presupuestos para gastos superiores a 1.000 euros. Se solicita informe al área gestora y ésta alega exclusividad sin que concurran las causas taxativamente expuestas en la ley y sin que se acompañe la documentación preceptiva".
El informe es claro con respecto a la gestión del Cabildo tras el secuestro del servicio en el Complejo Medioambiental de Zonzamas y los gastos de suministro de electricidad, cuya facturación se ha incrementado de manera considerable".
Con respecto a la entrega de subvenciones, la interventora alerta de que no existe uniformidad en las bases de subvenciones de las distintas áreas y advierte de que "existe un abuso de procedimiento de concesión de carácter nominativo, que ha de ser utilizado solo en casos excepcionales". Critica también que es habitual la práctica consistente en conceder subvenciones con el carácter de abono anticipado, que también es de aplicación excepcional, y nunca se le exige garantía". Se observa igualmente mucho retraso en la justificación de dichas subvenciones.
La Intervención tampoco pasa por alto la "gran desviación existente entre los gastos materiales previstos en proyectos de obras o en el mismo anexo de inversiones de cada uno de los presupuestos del ejercicio 2011 y anteriores, y los gastos efectivamente realizados".
En conclusión, el informe habla de un claro deterioro en los resultados económicos del Cabildo, a cuyo Pleno recomienda que, "dentro de su ámbito competencial, impulse y apruebe las medidas que establece la situación económico-financiera insular".
