La presidenta del Partido Popular (PP) en Lanzarote, Ástrid Pérez, ha valorado este jueves en Crónicas Radio la reciente comparecencia voluntaria de la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, en la que abordó el auto con el que el juez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife ha archivado provisionalmente la causa judicial contra Carlos Espino sobre su gestión en los Centros Turísticos. Y ha hecho exactamente lo que no hicieron sus compañeros durante una dura intervención en la Primera Corporación insular en la que la también secretaria general de los socialistas lanzó todo tipo de ataques teóricamente referidos a Coalición Canaria (CC) pero que afectaban directamente a los populares, puesto que su actual socia en la capital fue la presidenta del Consejero de Administración que decidió presentar la querella contra su compañero y su consejero de Turismo, Ángel Vázquez, asumió las riendas de la empresa precisamente en ese momento. Aunque está lejos de querer polemizar, lo que sí ha hecho Pérez ha sido soltar un par de perlas sobre lo que el PP diría probablemente si no estuviera en pacto de gobierno con el Partido Socialista (PSOE).
Lejos de pedir perdón al actual jefe del Gabinete de Presidencia por impulsar desde el Consejo de Administración de los Centros que presidía, tal y como la presidenta del Cabildo dejó caer en su discurso en referencia al Grupo Nacionalista, con el que el PP cogobernaba cuando se interpuso la querella contra Espino, Pérez ha contestado a Corujo que "si la causa contra Espino se ha demorado diez años ha sido porque los abogados de los imputados han hecho lo imposible para dilatarla", dejando claro que fueron ellos y no los denunciantes los que hicieron que el procedimiento fuera más farragoso y más lento de lo que ya suele ser en los tortuguiles tribunales de justicia de este país.
Corujo trasladó en su comparecencia ante el Pleno del Cabildo que Espino merece disculpas por el "calvario" vivido en la última década, en la que ha figurado como investigado en la causa. "Hay muchos que en este caso deberían dar muchas explicaciones. Es verdad que no debe ser plato de buen gusto estar imputado tantos años, ya que desgraciadamente la Justicia española no funciona bien, no es lo ágil que debería ser, pero eso no es culpa del Partido Popular, ni tampoco que un procedimiento judicial esté diez años en instrucción. Y ha sido así porque en muchos casos los propios abogados de la propia defensa han hecho lo posible por dilatar el procedimiento", ha explicado la también presidenta del PP en la Isla en los micrófonos de Crónicas Radio-COPE Lanzarote.
En versión de la también parlamentaria regional del PP por la Isla, "si una persona ha estado diez años imputado o investigado, que es bastante inhumano, desde luego no ha sido por la acusación particular o por el denunciante, sino, en cualquier caso, porque los abogados de los imputados han hecho lo imposible para que la instrucción se dilatara lo máximo posible".
"Yo no vi la comparecencia", ha admitido Pérez en el programa 'A buena hora', donde ha insistido en que el PP hizo sus deberes en este caso "al menos hasta que sus consejeros fueron expulsados del Gobierno insular que sustentaban con Coalición Canaria" (CC). "Nosotros siempre hemos dicho que en su día cumplimos con nuestra obligación, poner en conocimiento de los juzgados determinadas y posibles irregularidades que nos habían planteado desde la Gerencia de los Centros Turísticos. Pero desde que nos echaron del Gobierno en 2012", ha expuesto Ástrid Pérez, "era Coalición Canaria, que asumió la dirección de los Centros Turísticos, la que tenía que plantear el seguimiento de ese procedimiento judicial. Nosotros, una vez que nos echaron del Gobierno, nos apartamos de la causa judicial".
La alcaldesa capitalina, que ha vuelto a incidir en la responsabilidad del ex presidente del Cabildo y actual portavoz del Grupo Nacionalista, ha indicado que "San Ginés, que sí que estaba personado, pudo perfectamente haber planteado el recurso de apelación".
Marcha
Por otro lado, Ástrid Pérez ha fechado para el próximo 28 de marzo la marcha del actual interventor del Ayuntamiento, al que atribuye retrasos en la fiscalización de contratos de uno y dos meses cuando, recuerda, el plazo legal es de 10 días. "Es una persona que vino en comisión de servicios de Madrid y que se va el 28 de marzo. No soy nadie para opinar, pero sí es verdad que hay muchos contratos que se han retrasado mucho. La Intervención tiene diez días para fiscalizar por Ley, pero hay contratos que aquí se han tardado uno y dos meses en fiscalizar", ha explicado la alcaldesa. "Prueba de ello ha sido el escenario de los carnavales. No todo es político en una administración. Si fuera así, habríamos hecho más cosas ya de las que hemos hecho, pero también hay un factor técnico", ha apuntado.
Profesionalizar la gestión del Carnaval
Además, la alcaldesa ha insistido en Crónicas Radio en que habría que profesionalizar el carnaval a través de una sociedad pública. Astrid Pérez asegura que está completamente de acuerdo con el primer teniente de alcalde y concejal de Festejos, José Alfredo Mendoza, que esta semana reconoció en Cope Lanzarote que se habían cometido muchos errores y que hubo mucha improvisación.
A pesar de las críticas de la oposición por el "derroche", Pérez ha alegado que los 600.000 gastados en el Carnaval de la capital no son suficientes para sacar adelante "una fiesta en condiciones".