- Este juicio del caso Unión por el cobro de comisiones en Arrecife se iba a iniciar en mayo, se retrasó a septiembre y se terminó demorando hasta febrero de este año
"La opinión pública debe verles. Están en la cárcel y es así". De esta manera rechazaba este viernes el magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas (APLP), en la apertura del juicio oral por la pieza número 12 del llamado caso Unión, la petición de algunas de las defensas de los 12 investigados que se sientan en el banquillo de suprimir la presencia de la prensa en la Sala.
En esta pieza se investiga el cobro de comisiones ilegales por miembros del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) hasta marzo de 2009 en el Ayuntamiento de Arrecife.
Durante la primera jornada dedicada a las diligencias previas, el juez ha aprobado por petición de la mayoría de las defensas que en las sesiones judiciales previstas para la próxima semana en Gran Canaria (días 4 y 5 de febrero), los encausados no se desplacen de Lanzarote y estén presentes en el juicio mediante videoconferencia. La sesiones se reanudarán el próximo 6 de febrero en los juzgados de Arrecife.
Además, el presidente de la Sala no ha admitido la petición de suspensión de la vista oral del próximo 8 de febrero ni la del próximo 1 de marzo solicitada por algunos letrados.
La Sala ha pospuesto además la comparecencia de algunos policías nacionales, guardias civiles, testigos y peritos que deben declarar en esta pieza.
Penas de hasta 17 años de prisión
La Fiscalía Anticorrupción, representada en el fiscal Javier Ródenas, solicita una pena de 17 años de cárcel para el ex presidente del PIL, Dimas Martín. La Fiscalía pide también 17 años de cárcel para el que fuera primer teniente de alcalde de Arrecife, Ubaldo Becerra Robayna, a quien considera integrante, junto a Martín y los fallecidos Matías Curbelo y José Miguel Rodríguez, de una trama organizada para el cobro de comisiones destinadas a la financiación ilegal del partido y al lucro personal, en la que también habrían participado empresarios y técnicos municipales.
Según el escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía acusa por estos hechos a 14 personas, entre las que se encuentran los citados miembros del PIL y el exconcejal Antonio Ramos, el exinterventor municipal de Arrecife Carlos Sáenz, los empresarios Manuel Reina, Juan Francisco Rosa, Antonio Gómez, y Samuel Lemes.
A ellos suma la exjefa de contratación del Consistorio de la capital lanzaroteña, María Elena Martin, el ingeniero jefe de la oficina técnica municipal, Juan Rafael Arrocha, y el ingeniero de caminos Antonio Cárdenas.
La Fiscalía Anticorrupción considera que debido a la exigencia de recursos económicos que imponían la campañas electorales de 2007 y 2008, y ante la imposibilidad de hacerles frente con las cuotas de sus afiliados, su líder, Dimas Martín, marcó como "directriz básica y estratégica" la recaudación de fondos.
El Ministerio Público defiende que Martín, como líder histórico, era cuando ocurrieron los hechos el verdadero "jefe" del partido y "director de la trama", ya que el "acusado ejercía durante los años 2007 a 2009 un ascendiente total y absoluto sobre el resto de miembros acusados de la trama".
En ese entonces, todos los miembros acusados del PIL consideraban "sin excepción" que le debían su puesto político o cargo público a Dimas Martín, motivo por el que mantenían con él "una total relación de subordinación, consultando con él cada decisión administrativa a tomar y atendiendo con prontitud todas sus indicaciones y órdenes, que son directamente ejecutivas en sí mismas", agrega el escrito.
La Fiscalía asegura que pese a que cuando ocurrieron los hechos Dimas Martín se encontraba cumpliendo una condena que incluía una pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo o función pública, el nivel de control que ejerció sobre los cargos públicos acusados va más allá de una mera labor de dirección política.
Según su escrito de acusación, Martín, valiéndose de su evidente relación personal y superior jerarquía -por nadie discutida- en el seno del partido político que fundara, consiguió incidir e instigar la consecución de su principal fin de allegar fondos ilícitos a su lucro personal y a la financiación de gastos propios del partido mediante el control que tenía sobre el entonces teniente de alcalde, Ubaldo Becerra, y los fallecidos José Miguel Rodríguez y Matías Curbelo.
Este control directo, Dimas Martín lo ejercía, según la Fiscalía, sobre los otros tres acusados en esta trama delictiva en temas de diversa índole, como redacción de Planes Generales, adjudicación de concursos públicos, libranza de órdenes de pago, adjudicación de obra pública a empresarios concretos y bloqueo y desbloqueo de pagos, entre otros.
Dimas Martín se comunicaba por carta con varios de los acusados cuando cumplía pena privativa de libertad, y mediante esta relación epistolar dirigía e impartía las consignas e instrucciones precisas, que debían hacer los acusados a los efectos de culminar la estrategia delictiva diseñada, que, en síntesis, consistía en cobrar por adjudicar obras y destinar el dinero para satisfacer gastos del partido político y de militantes afines, así como a su propio enriquecimiento personal.
La directriz esencial de hacer llegar fondos a la estructura financiera del partido político se ejecutó materialmente por Matías Curbelo que, según la Fiscalía, ejercía de recaudador de las comisiones exigidas por los concejales Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez a cambio de la concesión de contratos.
Según la Fiscalía, Dimas Martín, Curbelo y los ediles Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez se reunían de forma periódica en diversos establecimientos hoteleros y restaurantes de Lanzarote para planificar las estrategias criminales y procedimientos de hacer llegar fondos a la estructura financiera del partido y a su propio lucro personal.
La Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas ha comenzado a celebrar la vista oral de esta pieza 12 del caso Unión en Arrecife, donde proseguirá los días 6, 11, 18, 19 y 21, para proseguir en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria a partir del día 22.
Cabe destacar que debido a las reiteradas peticiones de varios abogados de los acusados, este juicio del caso Unión por el cobro de comisiones en Arrecife se iba a iniciar en mayo, se retrasó a septiembre y se terminó demorando hasta febrero de este año.
