La candidata de Nueva Canarias (NC) a la Alcaldía de Tías, Arminda Barreto, informa este lunes en nota de prensa de su propuesta al Ayuntamiento para que mejore el control de los servicios públicos externalizados con el objetivo de realizar un exhaustivo seguimiento de la gestión de servicios esenciales adjudicados por parte de la Administración local a empresas privadas.
Aunque desde NC entienden que la gestión de algunos servicios que prestan los ayuntamientos a veces debe externalizarse, los canaristas progresistas abogan porque los servicios públicos del Consistorio municipal se presten de manera directa. “Muchos de nuestros servicios esenciales son puestos en manos de empresas privadas, muchas veces de fuera de Canarias, que gestionan estos servicios por la rentabilidad empresarial de los mismos, viéndose en detrimento la calidad del servicio e incluso en ocasiones con graves perjuicios y trato desleal al personal contratado por estas empresas”, explica Arminda Barreto.
Desde NC en Tías muestran su preocupación al respecto por varios casos detectados, pero los canaristas ponen el foco de atención en la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de los centros escolares en este municipio, por lo que piden más responsabilidad al Ayuntamiento “a la hora de redactar los pliegos de condiciones de las concesiones administrativas y, posteriormente, en su función de velar por el cumplimiento de las condiciones pactadas”. “Estas mujeres, que llevan años cuidando de nuestros hijos y nuestras hijas, han visto cómo durante el presente curso escolar se ha puesto en duda su labor, se les han recortado derechos y no se las ha tratado de la manera más adecuada por parte de la empresa”, denuncia la candidata de NC en Tías, que rechaza que desde la empresa se les haya “prohibido incluso hablar con el personal del centro escolar y con el concejal de Limpieza”.
“Ejemplos como éste ponen de manifiesto que dejar en manos privadas servicios esenciales para nuestra comunidad implican, aparte de un sobrecoste, un alto riesgo para la Administración pública y los derechos laborales de los trabajadores”, apunta Arminda Barreto.
