El movimiento social y político Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC25-M) participó el pasado jueves y viernes, en el Debate sobre el Estado de la Isla, "aportando iniciativas que tratan de arrojar luz a la situación crítica que atraviesa Lanzarote, y cuyos dirigentes parecen no querer afrontar". La formación asamblearia apunta este lunes en nota de prensa que en total presentó nueve resoluciones, de las cuales se debatieron siete, mientras que las otras dos fueron "hurtadas del debate y la votación del Pleno, haciendo uso el presidente, Pedro San Ginés, de sus antidemocráticas prerrogativas, que acompañan sus tics dictatoriales".
Entre las resoluciones debatidas, Alternativa Ciudadana 25 de mayo planteó la necesidad de abrir una Comisión Especial de Investigación que arroje luz sobre las implicaciones del Cabildo insular en el nuevo caso de corrupción abierto por la juez Alaya, conocido como "Caso Enredadera". La formación asamblearia pretendía así "que se dilucidaran internamente las relaciones entre cargos públicos insulares y la trama corrupta, para poder exigir responsabilidades y salvaguardar el nombre de la isla, así como la imagen de la Corporación que, una vez más, se ha visto sacudida por escándalos que han dado la vuelta a los medios de comunicación estatales".
"El PIL y el PP con su abstención, y el grupo de gobierno del PSOE y CC con su voto en contra, quedaron retratados en su actitud con respecto a la corrupción y lo cómodos que se encuentran conviviendo y auspiciando esta", sostiene Alternativa. "Sorprende especialmente la postura del Partido Socialista, que ha pedido, a través de su portavoz en el Cabildo de Gran Canaria, Carolina Darias, una Comisión en dicha isla, idéntica a la que solicita Alternativa Ciudadana para Lanzarote". Para Alternativa Ciudadana, este hecho demuestra una vez más "el doble rasero del PSOE respecto a la corrupción".
También fue rechazada la propuesta de que el PIOL se hiciera llegar a todos los grupos políticos y que se realizaran reuniones vecinales con la ciudadanía de toda la Isla explicando y recogiendo sus opiniones, las cuales deberían ser transmitidas a todos los grupos para su toma en consideración.
Tampoco se aceptó "que el Cabildo dejara de publicitar marcas o participar en actos relacionados con empresas que se encuentran enmarcadas en vicisitudes judiciales de gran calibre y cuya existencia pervierte la competencia y ensucia la imagen de una institución que debería ser neutral".
San Ginés se niega a debatir sobre sus responsabilidades
Por otro lado, según expone Alternativa en su escrito, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, "usando sus prerrogativas y en una muestra de nulo talante democrático, retiró del debate la resolución que le instaba a que asumiera patrimonialmente un posible fallo judicial en contra de los intereses del Cabildo en el caso de la incautación de Montaña Roja, de la cual fue máximo valedor y ahora las consecuencias pueden recaer sobre todos los ciudadanos de Lanzarote".
La otra resolución que ni siquiera pudo ser debatida trataba sobre la necesidad de que, en un ejercicio de transparencia, todos los representantes políticos, incluida la oposición, tuviera representación el Consejo de Gobierno Insular, donde se toman una gran parte de las decisiones de la Institución, y cuya asistencia es exclusiva para los partidos del grupo de gobierno.
Las siete fueron las resoluciones admitidas a debate y defendidas por la consejera de Alternativa Ciudadana 25 de mayo, María de la Paz Cabrera, trataron aspectos como la transparencia, la apertura de cauces de participación ciudadana, el planeamiento insular o iniciativas como Saborea Lanzarote.
Así, las que finalmente se aprobaron fueron encargar un estudio sobre el Saborea Lanzarote y su efecto sobre los productos del sector primario en Lanzarote; reabrir y darle utilidad a la Mesa Insular por la Sanidad como mecanismo para el mantenimiento de la Sanidad Pública; y poner en la web institucional, así como de forma física, las actas de los Consejos insulares de Gobierno.
