Alternativa Ciudadana ha acusado este lunes al grupo de gobierno del Cabildo (CC-PSOE) de estar desarrollando una estrategia para darle "cabida legal" a las irregularidades urbanísticas que se están produciendo en La Geria.
En una nota de prensa enviada a este diario, aseguran que "la propuesta hecha por el Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote y asumida por el Cabildo con el voto en contra de Alternativa Ciudadana, se trata de una estrategia que asume el grupo de gobierno para dar cabida legal a las bodegas con problemas urbanísticos". "Esta propuesta, disfrazada de medida vital para la supervivencia del sector, no es otra cosa que un intento más, por parte de determinados sectores empresariales de la Isla que no respetan la legalidad urbanística, de utilizar las instituciones públicas para dar legitimidad y cobertura legal a sus prácticas delictivas", aseguran.
En Alternativa Ciudadana se oponen a la propuesta de modificación del Plan Especial de La Geria porque les parecen totalmente descontextualizada con propuestas hechas con el valor y la tradición histórica y cultural que el medio posee. "La propuesta asumida por el Cabildo en pleno aumenta la capacidad de edificabilidad de 0,01m2/m2 a 0,025 m2/m2. Además pretende permitir la altura máxima de 2 plantas o una altura de 7,50 metros, sin embargo en la redacción actual del Plan se permite la construcción de una sola planta o 5m de altura, mucho más acorde con el medio y su arquitectura", señalan.
"Lo lamentable de esta situación es que las instituciones públicas asuman el papel de ser garantes y defensores de este tipo de situaciones, más aún cuando éstas se encuentran en manos de la justicia. Si tales delitos se han llevado a cabo, estos deben ser condenados bajo el principio de igualdad por el cual se juzga a todos los ciudadanos, sin necesidad de que el Cabildo medie y promueva la legalización de aquellos actos que para cualquier ciudadano son punibles", remarcan en su nota.
Un consejero muy parcial
En esta línea, recuerdan que en el pleno Alternativa manifestó la duda sobre la imparcialidad del Cabildo y del consejero Francisco Fabelo en el procedimiento. "En concreto, el hecho de que el consejero Francisco Fabelo sea un trabajador en excedencia del empresario imputado Juan Francisco Rosa, propietario de la bodega Stratvs y al mismo tiempo es consejero Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería del Cabildo y representa al grupo de CC en las comisiones plenarias de política territorial, residuos sólidos y actividades clasificadas y medio ambiente", explican.
"Este consejero representa además a la Primera Corporación en varios órganos clave en materia de política territorial y de medio ambiente como son, entre otros, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) y en el Patronato Insular de Espacios Protegidos.
Consideramos que, por una cuestión de higiene democrática, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, debe apartar a este consejero de aquellos casos que tengan y que estén directamente relacionados con los intereses de la empresa en la que trabajaba anteriormente. Entendemos que este es un ejemplo más de clientelismo político al que Coalición Canaria, con el visto bueno del PSOE, nos tienen acostumbrados en esta isla", argumentan.
