- Pedro San Ginés aclara en un comunicado de prensa que la supuesta infracción administrativa que denuncia la empresa que no resultó adjudicataria en 2014 habría sido no atender la decisión colegiada y propuesta adoptada por la Mesa de Contratación, en la que no participan ni están ni el presidente del Cabildo ni el consejero de Agricultura y Ganadería
- El presidente califica de “inaudito e inédito” lo ocurrido y sólo se explica “desde la clara intencionalidad política de ver al máximo responsable del Cabildo de Lanzarote entrar en los Juzgados para explicar un procedimiento obvio, habitual y reglado además por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa de funcionamiento de las administraciones locales”
La empresa Aloe Plus ha denunciado al presiente del Cabildo, Pedro San Ginés, y al consejero de Agricultura, Antonio Morales, tras la adjudicación por concurso público en el pasado mandato del Centro de Transformación de la Cochinilla en Lanzarote. La sociedad dirigida por la familia Pérez Hernández, muy vinculada a Coalición Canaria (CC) -de hecho, Martín Pérez fue durante años asesor de Comunicación de diferentes consejeros en el Gobierno canario, la última Inés Rojas-, no está de acuerdo con la adjudicación que se hizo a su principal competidor en el mercado, Lanzaloe S.L., y ha emprendido una batalla judicial que los dos dirigentes de la Primera Corporación insular creen que se va a quedar en nada. De hecho, de momento el asunto está en fase de instrucción en el Juzgado Número 4 de Arrecife y en dos ocasiones se ha suspendido su testimonio por diferentes motivos.
El propio Morales ha confirmado este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote, emisora donde se ha adelantado la noticia, los extremos de la denuncia. El consejero ha desvelado en el programa "A buena hora" que Aloe Plus "ha presentado una querella acusándonos de varias cuestiones, como que el Centro no se debió poner en marcha, cuando en realidad eso no depende de nosotros". "La empresa que ganó la adjudicación es la que tenía que presentar la documentación pertinente al Ayuntamiento de Haría y éste era el que debía decir que sí, y con la Ley de Actividades Clasificadas se podía abrir el centro", ha narrado.
En segundo lugar, la empresa acusa a San Ginés y a Morales de facilitar la apertura de este Centro de la Cochinilla en un suelo no apto para este tipo de explotación. "Tenemos los informes del Ayuntamiento de Haría", ha confirmado Morales para zanjar esta parte de la acusación. "También reclamaba que se rescinda el contrato porque pasó mucho tiempo desde que se adjudicó el servicio hasta que se pone en marcha el Centro, pero los servicios jurídicos entienden que no es así, ya que en todo caso quien debe rescindir el contrato es la empresa que ha ganado el concurso", apuntó el consejero durante su intervención en la radio.
Otra de las cuestiones que pone en duda la empresa de la familia Martín, según Morales, se basa en que la finalidad del Centro no es la misma con la que se sacó a concurso, cosa que a su modo de ver tampoco es verdad.
Por ahora, tanto el consejero de Agricultura del Cabildo como el presidente están pendientes de acudir a prestar declaración en sede judicial ya que dichas citaciones se han suspendido en dos ocasiones. "Las cosas se han hecho bien porque, entre otras cosas, nos imaginábamos que algo podía suceder pues cuando alguien va de alguna manera queriendo acaparar todo el mercado, pasan estas cosas", ha explicado Morales, que se ha mostrado bastante tranquilo a pesar de la querella presentada por Aloe Plus. Además, el también ex secretario de Organización de CC lamentó que gente que ha estado tanto tiempo vinculado "y viviendo" de la organización adopte este tipo de medidas "sin sentido". "Como dice el refrán, no hay peor cuña que la del mismo palo", comentó.
Respaldo del presidente a los técnicos del Cabildo
Tras el adelanto de la información en Crónicas Radio-COPE Lanzarote, el presidente del Cabildo también ha enviado una nota de prensa para mostrar la postura oficial de la institución. En relación a la querella interpuesta por la empresa ‘Aloe Plus Lanzarote, S.L.U.’ contra el Cabildo, el presidente de la institución y el consejero de Agricultura y Ganadería explican que la adjudicación fue firmada en 2014 por el presidente en base al acuerdo de la Mesa de Contratación que resolvió adjudicar la gestión y explotación del Centro de Transformación de la Cochinilla de Mala a la empresa Lanzaloe, S.L.,. En este sentido, detalla en diferentes puntos la posición que quieren trasladar a la opinión pública:
1) La empresa recurrente no resultó adjudicataria del concurso público, resuelto a favor del adjudicatario actual a propuesta de la Mesa de Contratación de la Institución.
2) La adjudicación se efectuó conforme a los criterios de valoración de los técnicos de esta Mesa de Contratación, conformada por los técnicos y funcionariado habilitado de la administración, y en ese momento por representantes de todos los partidos políticos, tanto del Gobierno como de la Oposición, atendiendo a la aplicación exhaustiva de los pliegos y cláusulas técnicas y administrativas exigidas en el trámite y expediente de licitación pública.
3) El presidente del Cabildo de Lanzarote ni el consejero del área competente, intervinieron ni en éste ni en ningún otro proceso de adjudicación resuelto por la Mesa de Contratación, cuyos dictámenes, informes y resoluciones son adoptadas íntegra y exclusivamente a propuesta de los miembros de este órgano.
4) Las únicas intervenciones en el proceso, tanto del Presidente, como máximo representante de la Institución, y del consejero, como responsable del área competente, son aquellas a las que por Ley están obligados, como es la firma habilitada del contrato con el adjudicatario propuesto por la Mesa de Contratación, con todos los parabienes e informes técnico-jurídicos y administrativos pertinentes. La “supuesta” infracción administrativa habría sido -en todo caso- no atender la decisión y propuesta técnica elevada por la Mesa de Contratación, en la que no participaron.
5) Propuesta de adjudicación de los contratos -a su vez- que emana de informes técnicos preceptivos, en los que tampoco tienen como responsables políticos ninguna participación.
6) Ni siquiera en la respuesta a las reclamaciones posteriores a la obligada firma del contrato por parte de la Presidencia, ésta tampoco participó. En estos actos administrativos, la Presidencia del Cabildo se limita a dar traslado de los informes técnico-jurídicos redactados por los técnicos habilitados de la administración. Todas las respuestas han sido emitidas, gestionadas y tramitadas directamente por los Servicios Jurídicos, el Órgano de Contratación y/o técnicos de la Institución, sin ninguna injerencia o indicación de los responsables públicos.
7) En cualquier proceso cabe el derecho legítimo de las empresas no adjudicatarias a recurrir los acuerdos de dicho Órgano de Contratación, pero es la primera vez (al menos en el actual mandato) que ésta se dirige también contra el presidente del Cabildo y el consejero del Área, y lo hace además por procedimiento penal y no por lo contencioso-administrativo que sería lo normal.
A este respecto, San Ginés muestra su “absoluta perplejidad” por la querella interpuesta contra la Presidencia de la institución y el responsable de la Consejería, ya que sobre el proceso y decisiones de la Mesa de Contratación en cuestión “no pueden ni tienen nada que explicar o declarar” y habría que preguntárselo, en su caso, a quienes conforman dicha Mesa, a cuyos miembros el presidente les traslada, una vez más, todo su “respaldo y respeto a las decisiones técnicas adoptadas” y “reconocimiento a la honorabilidad de su trabajo”, convencido de que la propuesta de la empresa adjudicataria del Centro, fue la mejor de las presentadas al concurso y por ello resultó adjudicataria.
Por último, el presidente califica de “inaudito e inédito” lo ocurrido y solo se explica “desde la clara intencionalidad política de ver al máximo responsable del Cabildo de Lanzarote entrar en los juzgados para explicar un procedimiento obvio, habitual y reglado además por Ley (TRLCSP) y normativa de funcionamiento de las administraciones locales”.
