Panorámica de la zona turística de Playa Blanca, en el muncipio lanzaroteño de Yaiza.
Alfredo Díaz, uno de los empresarios de Lanzarote que tiene una licencia de construcción de establecimiento turístico en Playa Blanca impugnada por el Cabildo insular ante los tribunales de justicia, recordó este lunes que tendrán que ser las instituciones públicas las que compensen a los promotores como él, que “un buen día solicitaron una licencia municipal y, tras construir en base a dicha concesión, se han visto afectados por los recursos” judiciales interpuestos por la Primera Corporación insular. “No puede ser al revés”, aseguró.
El promotor denunció que “aquí se está dando a entender que todas estas licencias se entregaron de forma fraudulenta y que nosotros, como empresarios, hemos hecho algo ilegal, y nada más lejos de la realidad”. Alfredo Díaz recordó que “fundamentalmente” lo que hay con estos establecimientos y sus licencias “es un defecto de forma, ya que el Ayuntamiento en cuestión no publicó en su día la ordenanza correspondiente”.
Lo que desea este empresario, como muchos afectados, es “que ya se me diga lo que tengo que hacer, porque no puedo seguir parado y que me sigan diciendo que he cometido una ilegalidad”. Díaz asegura que “los empresarios no somos unos delincuentes y yo no he hecho nada de lo que me están acusando. Si los señores del Ayuntamiento han cometido un error, ahora que no digan que es que los empresarios hemos ido allí con maletines. Es mentira”, denunció.
Por todo ello, el empresario exige públicamente que “si se puede arreglar lo que sea que se arregle y, si no, que derriben lo que tengan que derribar, pero que no sigan intentando hacer chantaje y haciendo ver que somos los empresarios los que tenemos ahora que compensar”.
Ante su convicción de que los promotores afectados por los recursos no han hecho nada ilegal ni ilícito, pide “que derriben si quieren”, pero recuerda que “será alguna institución pública la que tendrá luego que liquidar al personal, liquidar lo que se le debe al banco y luego que nos compensen y nos devuelven lo que hemos invertido”.
Indignado, Alfredo Díaz pide a los representantes del grupo de gobierno del Cabildo “que dejen ya de jugar con el dinero de la gente para ganar votos”.
En su intervención de este lunes en el programa El Despertador, de Agustín Acosta Radio, Alfredo Díaz criticó las formas de ciertos políticos de hoy en Lanzarote, pues éstos “se basan sólo en ganar votos a base de pelearse y provocar pleitos y enfrentamientos, haciendo siempre parecer que ellos son los buenos y que el resto siempre somos los malos”, afirmó.
“¿Qué me quieren decir ahora que están pidiendo compensaciones?”, cuestiona Díaz. “No pueden acogerse al interés general para que empresarios como yo, que hemos sido engañados y afectados por un defecto de forma de los ayuntamientos, tengamos ahora que pagar. Es un chantaje claramente. Cuando obtuve esa licencia a mí no se me dijo nada, pero ahora sí”, recordó.
Ejecución de sentencia de dos hoteles de Puerto Calero
Por otro lado, el empresario, que es uno de aquellos a los que les fueron impugnadas sus 27 licencias por el Cabildo ante los tribunales, anunció también que ya ha solicitado la ejecución de las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contrarias a dos establecimientos turísticos de Puerto Calero, cuyas licencias él mismo impugnó tras darse cuenta de que las dos concesiones, a pesar de incurrir en los mismos errores precisamente de los que la Primera Corporación se vale para recurrir las otras licencias, no habían sido impugnadas por el Cabildo, que se retiró en mitad del proceso.
“Tomé la decisión apoyándome en algo que consideré adecuado, pues si la Fundación César Manrique ya ha tomado la decisión, para mí acertada, de pedir ante el tribunal competente, que se ejecuten las sentencias que recurrió, yo podía hacer lo mismo, y así lo he hecho”, afirmó. El empresario piensa que “no podemos seguir con esta situación, con las sentencias dictadas pero sin que nada haga nada al respecto”.
"Discrecionalidad" del Cabildo
Esta misma situación, en la que los empresarios con licencias impugnadas consideran que hay “agravio comparativo” por parte del Cabildo, se repite en un total de 388 licencias, tanto para camas residenciales como turísticas, pero que el Cabildo, alegando que iban a saturarse tanto los juzgados como la propia Oficina del PIOL (Plan Insular de Ordenación de Lanzarote), nunca recurrió.
Al respecto, Alfredo Díaz acusó nuevamente al Cabildo de incurrir en una “clara discrecionalidad”. “O todos o ninguno, pero lo que no puede ser es esta actitud. Si nos ponemos a buscarle los tres pies al gato siempre va a haber algún fallo por donde poder recurrir una licencia”, soslayó. De lo que se trata, según este empresario, es de “que haya voluntad de hacer las cosas o de que no la haya”.
En cuanto al grupo de empresarios, afectados como Alfredo Díaz por esos 27 recursos del Cabildo, que han anunciado que recurrirán unas 300 licencias concedidas entre 1998 y 2008, recordó que ya han sido impugnadas unas 90 licencias ante los tribunales. “Se está armando una pelota que no sé donde vamos a llegar. Estos señores han decidido quemar el bosque entero y empezar por los árboles más grandes”, concluyó.
