Los alcaldes socialistas de San Bartolomé, Isidro Pérez; de Tías, José Juan Cruz Saavedra; de Haría, Alfredo Villalba; y el de Unidos Por Yaiza (UPY), Óscar Noda, aseguran este miércoles por la tarde en nota de prensa que han obligado al presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, el nacionalista Oswaldo Betancort, a trasladar información oficial sobre la cesión del contrato del ciclo integral del agua "tras semanas de ocultismo, desinformación y ausencia de comunicación institucional sobre una decisión de enorme trascendencia para la Isla".
Ante la gravedad de la situación y la falta de transparencia, los cuatro alcaldes dicen que han solicitado la convocatoria urgente de un Consorcio extraordinario, que tendrá lugar este jueves con el objetivo de que el presidente de cuenta formal del alcance y las consecuencias de esta operación.
Los alcaldes que no son ni de Coalición Canaria (CC) ni del Partido Popular (PP), puesto que la de Teguise, el de Tinajo y el de Arrecife no secundan la iniciativa, dicen que han tenido que conocer detalles relevantes a través de terceros, concretamente a partir de información procedente de la Asamblea de Madrid y de publicaciones en distintos medios, en lugar de haber sido informados de forma directa y oficial por el propio Consorcio, lo que supone para ellos una grave quiebra del deber de transparencia hacia los ayuntamientos que forman parte del mismo.
"Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que la cesión del contrato incluye los denominados derechos de litigio, lo que implica que la empresa que asuma la concesión podría adquirir también la capacidad de ejercer acciones legales o continuar procedimientos judiciales vinculados al contrato, con posibles consecuencias económicas que podrían afectar al Consorcio del Agua y, por tanto, al conjunto de las instituciones públicas de Lanzarote", señalan en su nota.
"Esta circunstancia introduce un riesgo evidente para el interés general, ya que cualquier resolución derivada de estos litigios podría tener impacto económico sobre el sistema público de gestión del agua, comprometiendo recursos públicos y el equilibrio del servicio", añaden.
Los alcaldes aseguran que resulta inaceptable que una decisión de esta magnitud se haya gestionado durante semanas sin la debida información a los miembros del Consorcio, obligando a los representantes municipales a forzar la convocatoria de un órgano extraordinario para poder ejercer su responsabilidad institucional.
Asimismo, reiteran que la gestión del ciclo integral del agua exige el máximo nivel de transparencia, rigor y responsabilidad, y han advertido de que no se puede comprometer el futuro de un servicio esencial sin garantizar la información completa y el respeto institucional que merecen los municipios y la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa.
