Los tres acusados en el juicio oral que se celebra desde este lunes por la incautación de la desaladora de Montaña Roja han asegurado durante el primer día de la vista que hubo asesoramiento verbal por parte de la Secretaría del Cabildo y del Consorcio Insular de Aguas a pesar de la falta de autorización judicial.
El ex presidente del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz del Grupo Nacionalista en la Institución, Pedro San Ginés, el ex secretario del Consorcio insular de Aguas, Francisco Perdomo, y el ex gerente, José Juan Hernández Duchemín, han expuesto a preguntas de la fiscal y a las formuladas por la defensa que la intervención de la planta desaladora gestionada por Club Lanzarote era una de las dos opciones por las que podía decantarse el entonces plresidente del Cabildo ante la falta de título habilitante de la actividad que un par de meses después de dicha intervención clausuró el propio Gobierno de Canarias.
San Ginés, Perdomo y Hernández Duchemín, que se han negado a responder a las preguntas formuladas por la abogada de la acusación popular, han justificado la actuación del año 2014 del Consorcio insular de Aguas alegando que la urgencia de la actuación venía dada por las diversas denuncias que existían sobre la actividad que desarrollaba Club Lanzarote desde 1998, la venta de agua a terceras "a precios desorbitados y sin ningún tipo de concesión administrativa" como desaladora privada. San Ginés ha recordado que el Diputado del Común requirió hasta en seids ocasiones a la Presidencia del Cabildo que actuara para frenar dicha actividad y ha apuntado que la entidad presidida entonces por Jerónimo Saavedra le advirtió de que acudiría a Fiscalía si seguía produciéndose "inacción" por parte del Cabildo y del Consorcio.
