La Asociación de Usuarios y Consumidores de Lanzarote (Aculanza) ha registrado este miércoles por la mañana una denuncia en la Fiscalía de Lanzarote para tratar que sea la justicia quién obligue al Gobierno canario a flexibilizar la entrada de superficies comerciales en Lanzarote. El Ejecutivo de Paulino Rivero insiste en obviar una resolución del Parlamento de Canarias que le insta a modificar las condiciones que limitan la llegada de nuevas empresas a la Isla.
En su escrito al fiscal, Aculanza manifiesta que “no se entiende que una medida de esta importancia para todos los consumidores de Lanzarote, aunque fuera en la actualidad de forma excepcional, tenga que seguir esperando”.
Resolución del Parlamento canario
El pasado día 11 de diciembre de 2008, el Parlamento de Canarias aprobó en sesión ordinaria una resolución modificando los criterios generales para la concesión de licencias comerciales en el caso particular de Lanzarote. La Proposición no de Ley fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 3 de febrero, sin que hasta la fecha el Gobierno canario haya decretado su aplicación. La Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote (Aculanza) exige ahora que el Ejecutivo “deje de obviar su obligación de plegarse a las ordenes de los poderes legislativo y judicial”. Pues si bien el Parlamento ordenó el cambio de los criterios generales, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por su parte, resolvió a favor de la multinacional LIDL para permitirle la instalación de una superficie de descuento duro en la Isla de los Volcanes.
La resolución del Parlamento del 11 de diciembre “insta al Gobierno de Canarias” a modificar tanto la superficie máxima permitida, como la consideración del número de habitantes de la Isla hasta las 200.000 personas. Como explica Fernando Jiménez, con estos números de población en la mano, Lanzarote puede contar con superficies comerciales de 8.000 metros cuadrados, mientras que la Ley de Comercio actual no permite que los comercios ocupen más de 1.000 metros cuadrados. Resulta que la proposición parlamentaria establece un tope de 0,4 metros cuadrados por habitante para el caso de Lanzarote, superficie que multiplicada por los 200.000 habitantes da como resultado los 8.000 metros.
El Gobierno canario, concretamente el director general de Comercio, Arturo Cabrera, ha insistido en varias ocasiones que las grandes superficies de descuento duro no llegarán a Lanzarote hasta que no se apruebe la nueva Ley de Comercio de Canarias, que deberá entrar en vigor por exigencias de la UE a finales de este año. Jiménez recuerda al Gobierno que con esta política “el Ejecutivo va en contra de una resolución aprobada por la unanimidad de los parlamentarios canarios”.
