El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, se mostró este martes dispuesto a colaborar con la Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote (ACULANZA) en su lucha por el abaratamiento de la cesta de la compra en la isla de Lanzarote.
Soria mantuvo un encuentro este martes con Fernando Jiménez, presidente de Aculanza, y otros miembros de la Asociación. En dicha reunión el también presidente del Partido Popular (PP) en Canarias aseguró que estaría dispuesto a usar la vía de la excepcionalidad, dadas las circunstancias actuales de Lanzarote y el consenso existente entre todas las instituciones con este preocupante asunto, para modificar cuanto antes la actual Ley de Comercio.
Desde Aculanza entienden que dicha ley se puede cambiar, y que las más de 15.000 firmas presentadas para ello como iniciativa popular "no pueden quedar en el olvido". "Los ciudadanos de esta isla desean que de forma urgente se implanten otras superficies comerciales, porque quienes vivimos en la Isla no soportamos esta situación ni un día más", explica Fernando Jiménez.
Desde la Asociación se espera, además, que desde el Cabildo insular de Lanzarote se les autorice a participar en el próximo pleno ordinario de la Corporación, "tal y como nos transmitió personalmente la máxima representante de la institución cabildicia", [Manuela Armas].
Aculanza recuerda que José Manuel Soria se mostró también "en total sintonía" con la creación y puesta en marcha de un Mercado Agrícola Insular, como viene definido en el proyecto conocido desde octubre de 2005. Afirman los miembros de la Asociación que, aunque sólo cuente con 22 puestos, éstos podrían formar parte de una primera fase del Mercado.
De esta forma, Aculanza está convencida de que "si hay suelo público, el Gobierno de Canarias estaría dispuesto a invertir el dinero necesario si Lanzarote lo solicita, porque es una instalación prioritaria para que los auténticos productores, trabajadores de esta tierra y mar de Canarias, puedan vender el fruto de su trabajo directamente al consumidor y, de esta manera, conseguir una regulación de precios justa".
Fernando Jiménez afirma que sería muy poco digno por parte de la clase política, gobierno y oposición, que no fueran capaces de alcanzar dicho consenso y siguieran privando a los ciudadanos de Lanzarote de estos derechos.
