Empresarios de los comercios que en Tenerife importan, distribuyen y venden artículos para la pesca y la náutica han acordado oponerse al anteproyecto de Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura que elabora la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias.
En un comunicado emitido por la Asociación Canaria para la Pesca Responsable (Acaper), los representantes de estos comercios han expresado, en una reunión celebrada la noche del pasado jueves en el Club Marítimo Atlántico, que el conjunto de restricciones, prohibiciones y limitaciones que se pretenden establecer para la pesca de recreo en la nueva ley va a significar la desaparición de muchos de sus negocios.
Este sector, que da trabajo a numerosas familias, no entiende como el Gobierno de Canarias prepara una legislación para regular, una vez más, la pesca de recreo sin tener en cuenta a los representantes de los pescadores de recreo, como en su día prometió a Acaper la consejera, Pilar Merino, en una reunión del Consejo Regional de Pesca.
Estos comerciantes hacen un llamamiento al Gobierno de Canarias para que, en defensa de sus empresas y de las muchas personas a las que dan trabajo, paralicen el actual anteproyecto de la ley y abran un periodo de estudio, con análisis de la información científica y técnica que puedan aportar la Consejería y Acaper, a los efectos de que, por encima de todo, prevalezcan los intereses del uso responsable de los escasos recursos pesqueros.
Los empresarios, encuadrados en Acaper, piden al Gobierno de Canarias que antes de presentar el proyecto de ley en el Parlamento de Canarias realice un amplio estudio sobre la repercusión que esta normativa puede tener en el sector de la pesca de recreo y la náutica, que mueve las tres cuartas partes de todo el volumen de la pesca.
Para respaldar su oposición a la pretendida ley, Acaper ha iniciado una campaña de recogida de firmas con el objetivo de alcanzar las 70.000 que se lograron para entrar en la discusión de la ley promulgada en el año 2003, en la etapa de Pedro Rodríguez Zaragoza como consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias.
