La Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote (aculanza) ha recurdido la subida de las tarifas de la empresa Insular de Aguas de Lanzarote S.A., Inalsa, que entraron en vigor el pasado 1 de enero.
La Asociación de califica de "escandalosamente caros en comparación con otras islas, injustos y desproporcionados" los nuevos valores impuestos con la subida del agua. Así lo expuso Fernando Jiménez, presidente de Aculanza, quien explicó que la Asociación ha presentado un recurso ante la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias para su retirada, pues entiende que la subida de tarifas es "contraria a derecho".
En su recurso, previo al contencioso administrativo, Aculanza destaca como ejemplo que la tarifa de saneamiento aplicada por Inalsa en Lanzarote -que pasó de 0,35 céntimos a 0,38- es exagerada si se tiene en cuenta que en Las Palmas “el coste de dicha tarifa de saneamiento o depuración es de 0,043 euros” por metro cuadrado.
Subida para todos
Aunque la empresa pública alega que la subida de las tarifas del agua afectan sobre todo a los usuarios que más consumen, el aumento se deja notar a todos los niveles. Por ejemplo, el incremento se eleva a los 42 céntimos cuando se consumen entre 31 y 40 metros cúbicos y hasta 95 céntimos más por cada metro cúbico si el consumo supera los 40 metros cúbicos mensuales. Pero también se notan incrementos importantes en la franja comprendida desdelos 11 a los 30 metros cúbicos mensuales, que subió en 23 céntimos por unidad de medida. Los establecimientos turísticos también han visto cómo de los 2,12 euros por metro cúbico han pasado a pagar actualmente unos 2,69 euros.
Alegaciones contra las formas de la autorización administrativa
El presidente de Aculanza, Fernando Jiménez, precisa que los estatutos del Consorcio “son una norma inerte que no puede producir ni generar actividad jurídica legal”.
En el recurso se indica que, según la normativa, las corporaciones locales de la Isla debieron tomar acuerdos plenarios sobre la subida de las tarifas y aportar un estudio económico fiscalizado por los interventores, así como una memoria que justificase la conveniencia de las nuevas tarifas, entre otros condicionantes.
