Fotos: Dory Hernández
A la luz de la imagen, las diferencias entre los socios de Gobierno están aparcadas. Plácida Guerra (PIL) y Carlos Espino (PSOE) poco antes de entrar al Consejo de Administración de Inalsa de este viernes.
Los miembros del Consejo de Administración de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) reunidos en la mañana de este viernes aprobaron por unanimidad la presentación voluntaria de la empresa a un concurso de acreedores. La decisión protege a Inalsa de los embargos que pesan sobre ella y paraliza los intereses de las obligaciones financieras que tiene la empresa. Inalsa llega a la Ley Consursal con una deuda de 38 millones de euros y como principales acreedores la eléctrica Unelco-Endesa, a la que debe 14 millones; la UTE Edam-Janubio, 13 millones; y Aguas Filtradas, 8 millones de euros, según confirmó la consejera delegada Plácida Guerra (PIL) a la salida de la reunión. El Consejo de Administración también decidió que la empresa recurriera ante la Audiencia Provincial de Las Palmas la sentencia de este Tribunal, de 27 de marzo de 2009, que confirma la condena a Inalsa por el caso Janubio. El recurso se registrá el próximo martes, justo cuando vence el plazo de presentación, por tanto, no hay cabida a un acuerdo extrajudicial. El consejero de Coalición Canaria (CC), Marci Acuña, sostuvo que la Ley Concursal es una decisión “drástica” pero necesaria ante el desastre de la gestión del grupo de gobierno PIL-PSOE.
Inalsa tiene a partir de este momento dos meses para formalizar su solicitud del concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil, pero la presidenta del Cabildo, Manuela Armas (PSOE), confía en que la memoria pueda presentarse antes. La empresa estará asesorada en este procedimiento por el reconocido letrado Juan José Cobo Plana, ex juez de lo Mercantil y quien aplicara por primera vez a un club de fútbol la Ley Concursal, que permitió a la UD Las Palmas sanear en dos años una deuda superior a los 72 millones d e euros. A partir de la aceptación del juzgado de lo Mercantil, destacó Manuela Armas, Inalsa tiene un año para cerrar acuerdos con los acreedores y hasta diez años para pagar sus deudas. “La decisión que hemos tomado es para salvar la empresa”, dijo la presidenta. Armas agregó que “no es el momento para hablar de ampliación de capital porque primero hay que esperar la intervención judicial”. Tanto Manuela Armas como Plácida Guerra negaron conflictos serios en el seno del grupo de gobierno por las últimas decisiones relativas a Inalsa y solo admitieron “diferencias” que han sabido solventarlas.
No hay ceses en el Consejo
El Consejo de Administración actual se mantiene y Plácida Guerra seguirá ostentando la delegación del Área. El órgano podrá tomar decisiones pero las mismas tendrán que tener el visto bueno del administrador judicial. La única persona que ha salido del Consejo es Iván Rodríguez, militante del PIL que ya había tomado la decisión de renunciar antes del destape del escándalo. La consejera delegada confirmó que en su reemplazo entrará otra persona designada por el partido.
Reunión “tensa” con Unelco
Plácida Guerra y su grupo de asesores intentó negociar in extremis un acuerdo con Unelco poco antes de hacer pública la decisión del concurso de acreedores pero la eléctrica no aceptó las condiciones propuestas por la empresa pública. La reunión fue “tensa”, reveló la política. La propuesta era la de abonar las cuantías contempladas en dos procedimientos judiciales. Inalsa se comprometía a pagar 3 millones de euros y ante la negativa elevó su compromiso a 6 millones “pero no aceptaron”. Unelco factura a Inalsa un promedio de 1,5 millones de euros mensuales.
