El pasado martes, tal y como adelantó este diario, se reunió en la sede de la Consejería de Educación, Actividad Física y Deportes del Gobierno autonómico su titular, Poli Suárez, el viceconsejero de Deportes, José Manuel Cabrera, con Francisco Rivero Vega e Ismael Pérez, quienes fueron presidente y vicepresidente de la Federación de Lucha Canaria hasta que fueron destituidos por el anterior Ejecutivo presidido por el socialista Angel Víctor Torres. Unos días después del encuentro y con tiempo para digerir lo sucedido, una de las conclusiones, seguramente que de forma extraña para algunos, es que Poli Suárez trasladó la intención de su departamento de agotar el plazo que le da la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que se produzca el cambio que se debe hacer al frente de la Federación y por tanto Rivero vuelva al cargo que jamás debió abandonar, y menos por decisiones políticas que nada tienen que ver con el deporte. Así, si no cambian las cosas y se ajusta todo a lo que determina la sentencia, la llegada del presidente se produciría el próximo 17 de noviembre.
Aunque la reunión, según explican distintas fuentes consultadas por este medio, fue cordial y en ella se expresó la buena voluntad de las partes por buscar lo mejor para el deporte vernáculo, no se alcanzó ningún acuerdo y no hubo compromiso por ninguna de las partes. El Gobierno en principio hará una propuesta próximamente a Francisco Rivero Vega, propuesta que estudiarán los que formarán la Junta de Gobierno de la Federación, que no es otra que la de llegar al límite de lo establecido por los tribunales de justicia. Lo que pretende la Consejería es que no se altere mucho el panorama actual, y que simplemente se produzca la toma de posesión para automáticamente convocar elecciones, sin que se haga nada ni cambie nada, lo que evidentemente no va a ser aceptado por aquellos que tienen la razón de su parte, no porque lo crean ellos sino porque lo han dicho nada menos que varios magistrados de un alto tribunal como es el TSJC.
Aunque Francisco Rivero Vega y su equipo siguen sin hacer declaraciones a los medios de comunicación, está claro que el Gobierno de Canarias, que desde el mes de enero tiene la sentencia, no parece muy por la labor de generar más conflicto del que ya hubo y por eso no ha tomado ni una sola medida, sólo dejarse llevar por donde sopla el viento. En el mes de marzo la sentencia era firme y el Gobierno tampoco tomó medidas y tuvo que ser de nuevo el TSJC el que diera un tremendo tirón de orejas a la administración regional para que de una vez pusiera orden en el desorden que se había generado sin motivo real.
En este contexto, parece claro que la propuesta a Francisco Rivero Vega y a su equipo llega demasiado tarde para que haya entendimiento. Además, todo conduce a pensar que estamos ante una propuesta muy envenenada por parte del Gobierno y muy difícil de aceptar simplemente porque desde el mes de marzo con sentencia firme no se tenía que realizar ninguna gestión por parte de la Federación de Lucha Canaria, cosa que no se ha cumplido.
Por otro lado, el actual presidente de la Federación de Lucha Canaria, José Antonio Caballero, y su equipo, tampoco parecen tener ninguna culpa de lo que está sucediendo puesto que son simples convidados de piedra, personas que se encontraron con esta rocambolesca situación por la acción política. Ellos se han mantenido al margen y están desarrollando la actividad que marca la compleja decisión, aunque tendrán que dejar paso al nuevo equipo.
