Por Manuel MEDINA ORTEGA
Diputado al Parlamento Europeo, PSOE
La colaboración de Marruecos con España y la Unión Europea en el control de la inmigración ilegal ha cerrado a ésta efectivamente la ruta de entrada por el Estrecho y el Mediterráneo, e incluso a través de las islas canarias más orientales de Lanzarote y Fuerteventura. La inmigración subsahariana, que antes atravesaba el desierto para llegar a Europa por el Estrecho o por el corto brazo de mar que separa a nuestras islas orientales de África, ahora trata de atravesar directamente el Atlántico desde el Senegal llegando, cuando resulta posible, a las islas más occidentales de Canarias, si no se pierden en el Océano.
La desaparición de la inquietante amenaza de las pateras, no ha acabado, sin embargo, con la preocupación de los lanzaroteños por el problema de la inmigración. Una isla que hasta hace un par de décadas apenas tenía un mínimo desarrollo turístico, ahora se ve desbordada por la llegada de millones de visitantes y, con ellos, con la necesidad de contratar personal foráneo para cubrir la multitud de de puestos de trabajo ahora disponibles. La mayor parte de ese personal no tiene la nacionalidad española y ni siquiera la ciudadanía de la Unión Europea. En su mayoría vienen de otros continentes, África, América Latina, Asia, o de países de la Europa oriental que no tienen reconocido el derecho de residencia y trabajo en la Unión Europea.
La mayor parte de los vuelos que llegan a Lanzarote proceden de países de la Unión Europea cuyos ciudadanos tienen aquí derecho de residencia y trabajo. El control individual de pasajeros es sólo posible, prácticamente, en vuelos procedentes de fuera del espacio Schengen, como Inglaterra, Irlanda o Suecia, aunque los ciudadanos de estos países tienen también derecho a residir y trabajar en España. Carecería de sentido establecer controles exhaustivos en frontera sobre vuelos ocupados casi exclusivamente por turistas.
Ante la imposibilidad práctica de establecer controles en frontera, la única forma de limitar la inmigración ilegal es en el lugar de trabajo. La inspección laboral debería estar en condiciones de controlar las violaciones de la normativa vigente en la materia. Aquí estamos, sin embargo, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma. Ésta, por su proximidad a los ciudadanos, debería ser capaz de verificar con prontitud el cumplimiento de las normas laborales, impidiendo el empleo en nuestras empresas de personas no autorizadas.
Cualesquiera otras sugerencias, como la de una ley de residencia especial para Canarias, van dirigidas a escurrir el bulto de la propia incapacidad y resultan impracticables en una Comunidad como la nuestra que depende para su subsistencia de la llegada masiva de ciudadanos de fuera de la región, a los que no se puede abrumar con controles en el momento de su llegada a la Isla.
