La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, denunció este viernes la actitud “demagógica y perversa” de algunos miembros del PSOE, tras las declaraciones de la diputada socialista Francisca Luengo que la acusa de que 264 canarios hayan fallecido sin cobrar las prestaciones por dependencia. Al respecto, la consejera asegura que en política “también hay límites”.
En un comunicado, Rojas considera que se ha “traspasado con creces el límite ético permisible con declaraciones que, además de maliciosas, vulneran los derechos de las personas”.
La consejera sostiene que en política “también existen límites que protege el Estado de Derecho en el que todos convivimos, y el partido socialistas canario ha traspasado éticamente esos límites con declaraciones maliciosas, cargadas de mala fe, que vulneran el derecho de cualquier ciudadano y desde luego el mío”.
“La Ley de Dependencia ha sufrido retrasos en todas las Comunidades autónomas, y de hecho la Generalitat de Cataluña se está planteando suspenderla”, señala Rojas, quien indica que las Comunidades autónomas “estamos realizando un esfuerzo titánico en solitario y además aquellas en las que no están gobernadas por el Partido socialista sufrimos insultos diarios”.
“Cuando todas las Comunidades tenemos problemas, igual habrá que plantearse que es la propia ley la que tiene los problemas, agrega.
La consejera destaca que, al margen de estas discrepancias políticas, los familiares de los 264 fallecidos “no se merecen ese mercadeo, en un momento tan difícil en su vida”.
“Lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Canarias es poner en marcha una asesoría jurídica para dar cobertura a los familiares y así facilitar el procedimiento para que ver si tienen derecho a cobrar las prestaciones con efecto retroactivo, porque la ley, en este sentido no es clara, y tendremos que acudir a lo que diga el derecho civil”, informa.
Rojas lamenta la actitud de “acoso y derribo” ante su persona del partido socialista “al que ya no le queda otro argumento que “el insulto, la utilización de las personas y la mala fe para defender una ley que fue la estrella de su anterior legislatura y que se está desplomando día a día, no en Canarias, sino en todo el Estado”.
Asegura que los técnicos de la dirección general de Bienestar Social están realizando un gran esfuerzo, trabajando los fines de semana para sacar adelante un procedimiento “engorroso y poco claro”.
Además, detalla que en estos momentos “ya estamos aplicando la ley con más de mil personas percibiendo una prestación o un servicio en el marco de la ley más los ocho mil atendidos en el ámbito de los planes sectoriales de atención a la discapacidad o sociosanitario de personas mayores dependientes, en total Canarias está prestando servicios a más de 9.000 personas con gran dependencia, y no me parece justo, ni razonable ni ética, ni políticamente ecuánime que se me achaquen ese tipo de acusaciones”.
